El Congreso citará a Santamaría para explicar las injerencias rusas en Cataluña

El CNI no ha detectado 'ciberataques del Kremlin durante la crisis, pero sí 70 acciones contra páginas web oficiales

NURIA VEGA MADRID.

No es una comparecencia a petición propia. Ni tan siquiera la comisión de secretos oficiales es el formato que más convence al Gobierno. Pero cuando el Congreso cite a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría informará a los grupos parlamentarios a puerta cerrada sobre las supuestas injerencias rusas en la crisis de Cataluña. La presidencia de la Cámara baja estudia ya posibles fechas para la cita y, entre las más probables, figuran la próxima semana o la del 11 de diciembre, pasada la conmemoración del Día de la Constitución y, en ese caso, con la campaña catalana en marcha.

Pese a la reticencias del Gobierno, el PSOE no se plantea la retirada de su solicitud e insiste en la conveniencia de que la número dos del Gobierno aclare en la oficialmente denominada Comisión de Gastos Reservados si durante el proceso secesionista se promovieron a través de las redes sociales noticias falsas o manipuladas procedentes de terceros países que acabaron favoreciendo el relato del independentismo. Los socialistas quieren conocer el detalle de lo ocurrido, después de que María Dolores de Cospedal confirmara el pasado 13 de noviembre que el Ejecutivo está en «fase de análisis» para esclarecer qué entidades se encuentran detrás de los movimientos detectados y apuntara que las actuaciones podrían haberse originado en «territorio ruso», aun sin señalar al Kremlin. Reclama el PSOE, además, información sobre cómo se ha gestionado la situación.

El Gobierno no ocultó la semana pasada su malestar por la petición de los socialistas. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, apeló el viernes tras el Consejo de Ministros al «sentido de Estado» de la oposición, sobre todo teniendo en cuenta que hay un proceso electoral en Cataluña el 21 de diciembre.

Fuentes gubernamentales censuraron, del mismo modo, que Ciudadanos hubiese preguntado en la sesión de control en el Congreso qué iba a hacer el Gobierno para garantizar la seguridad informática en las elecciones catalanas. En la Moncloa creen que sería contraproducente desvelar los dispositivos de seguridad. Y, en todo caso, reprochan que el PSOE y el partido de Albert Rivera, sin haberse interesado por este asunto en las conversaciones privadas que mantienen habitualmente con el Ejecutivo, hayan optado por llevar la controversia al debate público.

Los socialistas, en todo caso, han planteado que todos los datos se trasladen en la comisión de secretos oficiales. Es decir, a puerta cerrada. Pero el Gobierno también muestra sus reticencias sobre el marco elegido. En ese órgano, encargado de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), están representados tanto Esquerra como el PDeCAT. Y algunas fuentes del Ejecutivo admiten su incomodidad por la presencia de los partidos independentistas, supuestamente favorecidos por las injerencias en redes sociales.

Lo exigible

La única competente para convocar la comisión es la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Y, estando PSOE, Ciudadanos y Podemos de acuerdo con la comparecencia, no habrá mucho margen de maniobra. Fuentes gubernamentales anticipan que siendo así se trasladará toda la información que se le exige, pero nada más de lo que se le exige.

El Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, avanzó ayer que en la última fase del proceso independentista se registraron cerca de 70 actuaciones contra páginas web de las administraciones públicas. Todas promovidas por activistas como Anonymous o ciberdelincuentes. No se ha detectado, sin embargo, ningún ciberataque directamente del Gobierno ruso o de otros estados extranjeros.

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