El Congreso aprueba el desalojo exprés de las viviendas okupadas

La reforma legal acorta los plazos para ejecutar los desahucios de dos años a menos de un mes

M. A.

MADRID. Agilizar el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente. Este es el objetivo de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que aprobó ayer la Comisión de Justicia del Congreso para proteger a los pequeños propietarios, las ONGs y las entidades públicas propietarias o poseedoras de viviendas sociales.

La modificación, impulsada por el PDeCAT, salió adelante después de un tenso debate y por un ajustado resultado de 19 votos a favor y 18 en contra. Recibió el apoyo del PP, Ciudadanos y PNV, y el voto en contra de PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana que no creen que con este ley se garantice el realojo de las familias vulnerables. «Se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», criticó el parlamentario de Unidos Podemos, Rafa Mayoral.

La clave del texto es que no será necesario recurrir a la vía penal con la celebración del correspondiente juicio. Después de la denuncia del propietario de la vivienda y una vez demostrada su titularidad, el juez llamará al okupa para que justifique su situación, tras lo cual podrá decretar el desalojo inmediato. Esta iniciativa deja fuera a las entidades financieras, promotoras y fondos buitre.

Hasta ahora, el desahucio podía alargarse hasta dos años y, en cambio, ahora se podrá culminar en menos de un mes. «Se trata de extender a la vivienda un mecanismo que ya existe para recuperar otras propiedades que han sido robadas», argumentó ayer la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que remarcó que el cambio normativo contribuye a luchar contra las mafias que se lucran y que cobran ofreciendo pisos de manera ilegal.

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