El complejo funcionamiento del polémico concierto económico

El País Vasco aportará al Estado unos 950 millones este año al restar las políticas activas de empleo a la cifra oficial de 1.300 millones

D. VALERA MADRID.

La aprobación en el Congreso del cupo vasco, la aportación que realiza el País Vasco a la financiación del Estado, ha devuelto la polémica sobre este sistema. La queja unánime de otras autonomías y expertos se refiere a la escasa contribución que hace dicha comunidad a la administración central, que en 2017 será de 1.300 millones oficialmente. Sin embargo, al restarle el coste de las políticas activas de empleo, una competencia transferida en 2011 con un gasto fijado en 340 millones (la cifra concreta no se recoge en la ley) hacen que el cupo sea finalmente de alrededor de 950 millones este año. Pero ¿cómo funciona este sistema?

El concierto económico vasco se remonta a 1878 tras el fin de la tercera guerra carlista y que durante la dictadura franquista se mantuvo sólo en Álava. Actualmente está contemplado en la Constitución -al igual que el concierto navarro-. A diferencia de lo que ocurre con el resto de comunidades autónomas integradas en el denominado régimen común, el País Vasco tiene sus propias haciendas forales (una en cada provincia) que recaudan todos los tributos, incluidos el IRPF, IVA o Sociedades. Esto no significa que tenga capacidad normativa sobre ellos (el IVA y Sociedades están armonizados en toda España). Posteriormente, mediante un sistema complejo se decide cuál es la cantidad de esos ingresos que la comunidad debe aportar a la administración central por la prestación de servicios que no están cedidos, pero de los que se beneficia. Es el caso de Defensa, Exteriores, la Corona o las Cortes Generales.

El problema radica en cómo se realiza el cálculo de esos servicios, que se denominan cargas no asumidas. Para ello se utiliza una variable (el índice de imputación) que se basa en el peso del PIB del País Vasco respecto al conjunto del Estado y que se ha fijado en el 6,24%. En realidad esta cifra se mantiene inalterable desde 1982, algo que ha permitido al PNV destacar que aporta por encima de su peso actual (6,1%). Sin embargo, no es tan sencillo. Si el País Vasco aportara ese 6,24% supondría un pago de 11.617 millones en 2017. Pero a esa cifra deben restarse diversos conceptos que menguan el resultado final hasta esos 1.300 millones.

El principal tiene que ver con el descuento del déficit público (8.781 millones), ya que se considera que al pagar su parte correspondiente de intereses y amortizaciones por la deuda del Estado debe eliminarse. Otro ajuste tiene que ver con el IVA, ya que el cálculo no se produce según la cantidad recaudada en la región (eso incluiría el IVA de las empresas vascas facturado en toda España), sino en función del consumo de la comunidad estimado por el INE. Desde asociaciones como Fedea afirman que el valor otorgado por este concepto está desfasado. También se restan otras tasas estatales no cedidas (1.100 millones).

El cupo vasco es de carácter quinquenal (2017-2021), aunque no se había renovado desde 2007. En comparación con ese año, cuando pagó 1.565 millones, la aportación en 2017 se reduce en 265 millones, sin descontar las políticas activas.

Adicionalmente, el País Vasco recibirá 1.400 millones repartidos en cinco años por un dinero de más abonado al Estado durante los últimos ejercicios en los que no hubo acuerdo para renovar el concierto.

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