La comisión de investigación concluye que hubo una policía política al servicio del PP

Ciudadanos evita el aislamiento completo de los populares y se desmarca del acuerdo de mínimos alcanzado por el resto de la oposición

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

Existió una brigada policial que durante la pasada legislatura se dedicó a seguir a rivales políticos del PP y fabricar pruebas delictivas en su contra. Es la conclusión a la que han llegado la mayoría de los grupos de la oposición después de diez meses de trabajo intermitente en la comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto. Sólo hubo una excepción: Ciudadanos. La formación de Albert Rivera se desmarcó ayer del acuerdo de mínimos alcalzado con el resto de fuerzas y optó por no apoyar el dictamen conjunto que señala al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, como responsables de un uso partidista de los medios del Estado.

El portavoz de la formación liberal en la comisión, Miguel Gutiérrez, argumentó que el texto acordado por «un PSOE podemizado», Podemos y «las fuerzas secesionistas» del Congreso «no refleja la realidad» de lo desvelado a partir de la documentación obtenida y los testimonios de los cinco únicos comparecientes a los que se dio audiencia: los citados Fernández y Cosidó; el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, cuya conversación grabada con el ministro dio origen a las pesquisas; el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino y su exjefe de gabinete, el inspector José Ángel Fuentes Gago.

«Creemos que ha quedado clara la incompetencia del ministro y del director general de la Policía, que no controlaron lo que estaban haciendo algunos de sus mandos; a partir de ahí -adujo Gutiérrez-, no he visto prueba alguna para asegurar que hubo persecución».

Los demás partidos de la oposición, en cambio, sostienen que así fue, aunque no todos estaban dispuestos de llegar igual de lejos en sus conclusiones ni comparten opinión sobre cuáles deben ser las consecuencias de lo desvelado. Eso explica que, pese a haber pactado un texto conjunto, que se votará en el pleno de la Cámara baja el próximo periodo de sesiones, todos anunciaran ayer su intención de exponer igualmente ante el hemiciclo un voto particular que les permitirá dar visibilidad a sus distintos criterios.

En lo que sí hubo consenso fue en que desde Interior se creó una 'policía política' a la que se buscó refugio en estructuras no formales de las fuerzas de seguridad; que su objetivo era desacreditar a los rivales políticos del PP; que se empleó a fondo contra las fuerzas independentistas hasta el punto de fabricar informes apócrifos de la Udef o acusar falsamente al exalcalde de Barcelona Xavier Trias de tener cuentas en Suiza, y que además se preocupó de tapar casos que salpicaban a los suyos, como ocurrió con el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o la 'operación Lezo'.

Podemos, Esquerra y PDeCAT, sin embargo, habrían querido ir más allá y, de hecho, atribuyen a la «pinza de PP, PSOE y Ciudadanos» el no haber permitido que la comisión continuara sus trabajos y analizara incluso otros periodos históricos. Los catalanes, además, apuntaron directamente al presidente del Gobierno Mariano Rajoy como principal responsable del espionaje político y todos ellos pretendían que se elevaran a la Fiscalía las conclusiones de la comisión por si de ellas pudiera derivarse delitos de malversación de fondos públicos o fraude procesal por parte de los responsables de Interior y de la Policía.

Solo indicios

En contra de esa demanda votaron el PP -que recordó que el Tribunal Supremo ya rechazó investigar a Fernández tras una querella de Trías y Convergencia-, el PSOE y Ciudadanos, pero también el PNV. Su portavoz, y presidente de la comisión, Mikel Legarda, adujo que el objeto de los trabajos parlamentarios era simplemente hacer un juicio político y además admitió que, aunque quizá con «más tiempo y sosiego» se podría haber llegado más lejos, no ha habido «pruebas de cargo concluyentes». «Hemos llegado a la conclusión de que hubo un uso partidista de medios materiales y humanos a través de indicios», convino.

Podemos, ERC y el PDeCAT, aún así, anunciaron su intención de ir por su cuenta a la Fiscalía, que, por otro lado, y como apuntaron otros grupos, siempre podría actuar de oficio dado que lo tratado en la comisión de investigación quedará publicado en el Boletín de las Cortes Generales. El partido de Artur Mas, avanzó que, además, reclamará a la Mesa del Congreso que acuda a la Justicia para investigar si el inspector Fuentes Gago, al que se sitúa tras la noticia de las falsas cuentas en Suiza del exalcalde de Barcelona, incurrió en un delito de falso testimonio en su comparecencia del 5 de julio ante la comisión, en la que ofreció datos que, según el diputado Sergi Miquel, posteriormente se demostraron poco ajustados a la realidad de los hechos.

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