Colau da largas a Puigdemont con la cesión de locales para la consulta

Unos 600 municipios catalanes, dos terceras partes del total, confirman que colaborarán con el referéndum

CRISTIAN REINO

Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no cederá de momento locales para la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. El Consistorio gobernado por Ada Colau, como los otros 946 que hay en Cataluña, recibió hace dos días un requerimiento del presidente de la Generalitat en el que se le instaba a confirmar si colaborarían o no con la consulta.

La coporación barcelonesa evitó ayer confirmar si cederá o no locales municipales para que acojan los colegios electorales, como en las elecciones convencionales. El Ayuntamiento de la capital catalana había empezado a preparar la relación de locales municipales, hasta 260, para colaborar en la logística del 1-O. Pero la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional de la ley del referéndum y del decreto de convocatoria ha paralizado todo el proceso. Colau quiere que la Generalitat informe a los gobiernos locales cómo les afecta la decisión judicial.

«No podemos hacer ver que no ha pasado nada», afirmó ayer el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. Colau trata de ganar tiempo y le pasó la patata caliente al Ejecutivo autonómico. Después de recibir el ultimátum de la Presidencia de la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona envió ayer una carta a Puigdemont en la que le solicita que informe sobre qué tiene previsto hacer para garantizar la participación sin poner en riesgo a la institución y a los funcionarios una vez que el Tribunal Constitucional ha suspendido el 1-O.

Sin el concurso de Barcelona en el referéndum, el Gobierno catalán tendría un problema muy serio con la organización de la consulta, aunque el decreto de convocatoria ya contemplaba facilitar locales de titularidad autonómica y de los consejos comarcales en aquellas localidades donde los gobiernos municipales decidan no colaborar en la logística. De hecho, poco después de conocerse la posición dubitativa de Barcelona, desde el Ejecutivo catalán trasladaron a la parroquia soberanista que no hay que «preocuparse por las cuestiones logísticas».

El Ayuntamiento quiere ir con pies de plomo y no quiere dar pasos en falso que le podrían comprometer muy seriamente. En cuanto Colau recibió el requerimiento de la Generalitat, se lo trasladó a su secretario municipal para que hiciera un informe jurídico. «Aún no tenemos ningún informe del secretario», expresó el teniente de alcalde. El informe, sin embargo, existe y en él se afirma que el Ayuntamiento vulneraría la legislación si cede inmuebles propios para una votación ilegal. El dictamen compromete a la alcaldesa, que siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con el referéndum, pero también a cumplir las indicaciones de sus servicios jurídicos. La alcaldesa también vela por su futuro político porque si participa en en un referéndum ilegal se arriesga a una inhabilitación.

Pero Colau tiene además otro problema. Los dirigentes de su partido están por el referéndum unilateral e incluso estarían dispuestos a votar que sí a la secesión, como es el caso de Pisarello, Jaume Asens e incluso Xavier Domenèch, pero su base electoral es más heterogénea y el apoyo electoral en las municipales de 2015 le llegó mayoritariamente de los sectores menos soberanistas. Algunas encuestas, en cualquier caso, afirman que entre el 20 y el 30% del electorado de los 'comunes' estaría a favor de la secesión, por lo que Colau tiene que hacer equilibrios y llevar al extremo la ambigüedad. Solo así se puede decir en una misma frase que el Ayuntamiento tiene un compromiso «pleno» y «absoluto» con que la gente pueda expresarse libremente en una consulta «siempre que no se ponga en riesgo a los funcionarios o a la propia institución».

Los grandes no colaboran

Más allá de la posición de Barcelona, que sigue sin estar clara, la organización del referéndum recibió ayer un duro golpe por parte de algunos de los principales ayuntamientos de Cataluña, al menos los más poblados, que se desmarcaron de la orden enviada por el Gobierno catalán para que faciliten locales que sirvan como colegios electorales.

Aunque algo más del 60% de los municipios catalanes han respondido al Gobierno catalán mostrando su absoluta disposición a colaborar, las localidades más pobladas rechazan ceder locales. Es el caso de L'Hospitalet, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels. Todos ellos en manos socialistas, y que sumados con Barcelona completan cerca de tres millones de habitantes, el 40% de la población catalana. Solo en Barcelona viven 1,6 millones de personas. Sin la capital catalana, por su población y su impacto mediático e internacional, el referéndum no es posible.

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