El clientelismo andaluz se sienta también en el banquillo

La Fiscalía no ve en los 22 exaltos cargos implicados el delito de asociación ilícita que sí aprecia en 'Gürtel'

CECILIA CUERDO

sEVILLA. El PSOE andaluz también compite estos días en los titulares de la prensa a cuenta del primer juicio del 'caso ERE', considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la región por la importancia de los implicados: 22 ex altos cargos del Gobierno autonómico acusados de prevaricación y malversación de fondos, entre ellos, nada menos que dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que suman 23 años al frente de la Junta de Andalucía.

Lo que se dirime en este juicio que se retomará el próximo mes de febrero, sin embargo, no es un enriquecimiento ilícito de los políticos o una supuesta financiación del PSOE, sino la legalidad de un sistema de ayudas para empresas en crisis con el que se repartía discrecionalmente el dinero público. Según la instrucción, una forma de clientelismo político que ayudó a los socialistas a afianzarse en el poder.

La imagen del banquillo, en cualquier caso, es demoledora, con casi todo un Consejo de Gobierno escuchando atentamente las acusaciones de Fiscalía y, especialmente, del PP, que ejerce la acusación particular y ha tratado de cercar a la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, pidiendo su citación como testigo. Entienden los populares que como consejera de Presidencia de Griñán tuvo que «tener conocimiento» de lo que ocurría. Su petición fue un golpe de efecto durante las cuestiones previas pero tiene pocos visos de prosperar. La Fiscalía y las defensas no lo ven necesario.

El juicio por el denominado «procedimiento específico» trata de determinar si la fórmula puesta en pie en el año 2000 para pagar las ayudas era inadecuada. Según el Ministerio Público, el supuesto fraude ascendería a unos 742 millones de euros en una década. La instrucción llevada a cabo por Mercedes Alaya y concluida por Álvaro Martín concluyó que se hizo así no solo por agilidad, sino también por su discrecionalidad y facilidad para eludir los controles de la Intervención. Para esclarecer este asunto, desfilarán ante el magistrado Juan Antonio Calle no solo los 22 procesados, para 15 de los cuales la Fiscalía pide cárcel, sino también doce peritos y 117 testigos a propuesta de las partes.

Las defensas acusan al PP de intentar politizar el juicio en las primeras sesiones y equipararlo con el 'caso Gürtel' por reclamar, en el último momento, el delito de asociación ilícita para todos los acusados, penado con de dos a diez años de cárcel, insinuando que hubo una conspiración del ejecutivo para delinquir con esas ayudas. Un delito que no se investigó en la fase de instrucción.

Pero dos cuestiones previas, sobre las que sala dirime hasta el próximo 12 de febrero, sobresalen por encima del resto. Una es la petición de suspender el juicio y que las diligencias se retrotraigan al momento previo a la llegada del juez Álvaro Martín. La otra tiene mayor enjundia, por cuanto parte de la Fiscalía e influye en el objeto de la investigación. El Ministerio Público pide un «pronunciamiento expreso» sobre si se juzga solo el sistema de ayudas o también las 270 ayudas individualizadas.

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