Ciudadanos pide explicaciones al PSOE tras desvelar la juez Alaya que fue presionada

C. CUERDO

sevilla. Un auténtico tsunami político en Andalucía es el que ha provocado la juez Mercedes Alaya al asegurar, en una entrevista con el diario ABC que hubo presiones para que no siguiera investigando los casos de corrupción que salpicaban al ejecutivo autonómico, como los ERE. La magistrada apunta incluso a un pacto del PP y PSOE para blindarse frente a los nuevos partidos y no salir dañados si ella seguía escarbando en el supuesto fraude de la formación.

Ciudadanos, partido que sustenta a la socialista Susana Díaz en la Junta de Andalucía, ya ha pedido explicaciones por lo que considera denuncias «muy graves», mientras que las viejas formaciones niegan la mayor. IU pidió incluso la dimisión si la presidenta autonómica no desmiente las acusaciones que la apuntan directamente.

No es la primera vez que Alaya sacude el panorama político y judicial. La última fue nada más comenzar el juicio por la pieza política de los ERE, que sienta en el banquillo a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al sembrar la duda sobre la independencia de la sala del TSJA que debería resolver cualquier posible recurso al ser parte de los magistrados elegidos por el parlamento regional.

«Por miedo»

Ahora, en la primera entrevista que concede a un medio, asegura que PSOE y PP la apartaron «por el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas». Justifica ese pacto en que el fraude se estaría repitiendo en otras regiones y a un «acuerdo evidente» para dejar fuerte al PSOE en Andalucía y al PP en el resto de sus comunidades autónomas. Pasa por alto, sin embargo, que distintos juzgados andaluces están archivando la causa de la formación al no apreciar delito.

Sin embargo, la crítica más llamativa es la que realiza contra la presidenta Susana Díaz, al asegurar que «contactó con el CGPJ para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE» por el desgaste político para su ejecutivo. «Fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE», insiste la magistrada. Díaz llegó a reconocer en 2015 que había hablado con el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, pero dentro de la «normalidad y responsabilidad institucional» y al igual que hacían otros presidentes.

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