Cifuentes solicita su reingreso en la Universidad Complutense

La expresidenta pide su reincorporación tras renunciar a su acta como diputada regional

R. C.

MADRID. Cristina Cifuentes solicitó ayer la reincorporación a su puesto en la Universidad Complutense veinticuatro horas después de que renunciase a su acta de diputada regional y dos semanas después de verse forzada a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid.

La exdirigente del PP presentó un escrito de renuncia a la excedencia que venía disfrutando por ostentación de cargo público, según confirmó Europa Press. Como establece la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 46.1, el trabajador debe pedir su reingreso durante el mes siguiente al cese en el puesto público. Este paso es fundamental para no perder la plaza de funcionaria, con independencia de que luego continúe en la institución o se decante por otra actividad profesional.

Cifuentes pertenece al cuerpo técnico superior de la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 25 años ha venido desempeñando cargos en la Administración, como parlamentaria autonómica, delegada del Gobierno y presidenta regional, cargo al que renunció el pasado 25 de abril tras la difusión del vídeo del robo de dos botes de crema en un supermercado durante su etapa como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

La exmandataria ponía así el punto final a su carrera política, que comenzó a resquebrajarse un mes antes cuando estalló el escándalo por su posgrado en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos, que habría obtenido con dos calificaciones falsificadas. El caso está ya en el juzgado de Instrucción número 51 de la capital, que investiga al director del curso, Enrique Álvarez Conde, a la funcionaria que modificó las notas, Amalia Calonge, y a la profesora que presuntamente fabricó el acta que acreditaba que presentó su trabajo final de máster, Cecilia Rosado. Estas dos últimas comparecerán hoy ante la jueza por presunta falsedad en documento público.

Cifuentes a siempre ha mantenido que defendió su trabajo final en el campus de Vicálvaro el 2 de julio de 2012, pese a que el documento que mostró para defender la legalidad de su título de posgrado era falso, tal y como denunció poco después Alicia López de los Mozos, una de las tres profesoras teóricamente firmantes. En su declaración ante la Policía, la docente ratificó que esa firma no era la suya y que ella además no había ni presidido ni integrado el tribunal ante el que supuestamente compareció la exdirigente popular.

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