Chaves, Griñán y otros 20 exaltos cargos declaran por el fraude de los ERE

CECILIA CUERDO

sevilla. Los abogados de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán tratarán de desmontar a partir de hoy la teoría de la conspiración en el 'caso de los ERE', apuntada por la juez instructora Mercedes Alaya, por la que supuestamente diseñaron e implantaron en la Administración un sistema de ayudas irregular que permitió repartir hasta 741 millones de euros de forma discrecional y al margen de cualquier control para acallar las protestas de trabajadores y, de paso, cimentar sus mayorías en la Junta de Andalucía.

Los 20 ex altos cargos que acompañarán a los expresidentes pertenecen en su mayoría a las Consejerías de Empleo y Hacienda, como Antonio Fernández, Javier Guerrero o la exministra Magdalena Álvarez. Todos están acusados de prevaricación, con petición de pena de diez años de inhabilitación, porque, según señaló el juez en el auto de apertura de juicio oral, «mediante un concierto expreso o tácito han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero».

El sistema, denominado transferencia de financiación, surgió con la idea de agilizar la concesión de ayudas en un momento de crisis económica en numerosas empresas andaluzas, pero permitía el reparto «arbitrario» y discrecional de los fondos, eludiendo además el «control y fiscalización previa». Un defecto buscado de forma premeditada, según sostiene la instrucción. Quince de los implicados se enfrentan también a penas de hasta diez años de cárcel por un delito de malversación, por supuestamente haber conocido las alertas de la Intervención acerca de que el sistema generaba irregularidades y no haberles puesto freno. La Fiscalía reclama seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación para Griñán, mientras que para Chaves reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

126 intrusos

Por esta vía se entregaron ayudas sociolaborales por un importe de 741 millones, pero cuyos compromisos de pago acabaron engordando la partida hasta no menos de 855 millones de euros. Parte de esta cantidad acabaría en manos de personas que no reunían los criterios necesarios para obtener una prejubilación, los 126 intrusos identificados por la propia Junta de Andalucía. Otros 87 millones se destinaron a ayudas directas, muchas veces siquiera sin expediente de solicitud, como reconocería el chofer del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, o a proyectos que nunca se llevaron a cabo. La instrucción también ha puesto el acento en las jugosas comisiones, muy por encima de las habituales en el mercado, que se embolsaron bufetes de abogados, sindicatos y empresas aseguradoras que mediaron en los trámites.

El juicio comenzará hoy con las cuestiones previas, durante las cuales algunas defensas buscarán anular la vista por un defecto de forma, reclamando que el juez que se encargó de cerrar la instrucción fue asignado directamente al ser el sustituto de la juez Alaya y el caso no entró en el reparto de los distintos juzgados. Las declaraciones de los acusados comenzarán en enero y tratarán de demostrar que desconocían las irregularidades que se detectaron en la Dirección General de Trabajo. Alegarán que el sistema de ayudas es similar al que utilizó el Gobierno central, lo que desmontaría la tesis de una conspiración.

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