Chaves y Griñán defienden que el sistema «podía ser inadecuado, pero era legal»

Los expresidente de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante la sesión. :: j. muñioz / efe/
Los expresidente de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante la sesión. :: j. muñioz / efe

Las defensas descargan en la Consejería de Empleo cualquier responsabilidad en los ERE fraudulentos

CECILIA CUERDO SEVILLA.

El procedimiento de ayudas implantado en la Junta de Andalucía y mantenido durante una década «podía ser inadecuado, pero era legal». Éste fue el argumento esgrimido por la defensa de los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la segunda sesión del juicio de los ERE, que al igual que otros acusados ciñeron cualquier posible responsabilidad delictiva al uso que de esas ayudas acabaron haciendo en la Consejería de Empleo. Especialmente, en la dirección general de Trabajo de la Junta, comandada durante mucho tiempo por Javier Guerrero.

La lectura de los escritos exculpatorios centró el segundo día de la vista, adelantando lo farragoso de un debate muy técnico sobre criterios administrativos que, sostienen los acusados, no derivaría en ilícito penal alguno. Solo nueve de las 22 defensas tuvieron tiempo de leer sus escritos, una potestad que quisieron ejercer tras hacer lo propio la acusación particular que ejerce el PP el día antes. Y eso, a sabiendas de que dicha lectura retrasará el inicio del juicio, dado que aún siquiera se han planteado las cuestiones previas. Algo que, según algunos letrados, no se producirá hasta enero, por lo que las declaraciones de los acusados, previstas para esa fecha, se retrasarán considerablemente.

La tesis que sostienen los principales ex altos cargos acusados, como los ex presidentes regionales y los ex consejeros de Economía, Hacienda, Presidencia o Innovación, se aferra a que todos los movimientos eran controlados por la Intervención General, y que ésta nunca avisó de que hubiera menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera provocado la paralización del procedimiento de ayudas. Se limitó a expresar discrepancias sobre esa fórmula. «Ni conocía ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas socio laborales, puesto que nadie le advirtió de ello», rebatió el letrado de Chaves.

El papel del Parlamento

La defensa de Griñán abundó en que Hacienda se limitaba a poner «orden» en los presupuestos que elaboraba cada consejería y que, posteriormente, eran aprobados por el Parlamento. «No intervino en las concesiones concretas ni se acredita que conociera ese uso fraudulento por parte de terceros», insistió, poniendo el acento en que la cámara regional conocía y aprobaba anualmente, con rango de norma, el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas socio laborales. Dar por válida la tesis del contubernio equivaldría a entender que el Parlamento estuvo una década completa «engañado» a la hora de aprobar sus cuentas, algo inconcebible según la defensa de Magdalena Álvarez, antecesora de Griñán al frente de Hacienda.

Los nueve acusados negaron así el argumento de una confabulación previa o concierto para implantar un sistema en Andalucía «que permitiera dar el dinero de los parados a los amiguetes», una idea que se ha logrado instalar en el imaginario colectivo, reprochó la defensa del ex responsable de Empleo Antonio Fernández y que, curiosamente, ayer avaló la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al defender la honestidad de Chaves y Griñán. «La justicia seguro que pone las cosas en sitio, y algunos tendrán que pedir perdón», dijo.

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