Chaves dice ante el juez que sabía que se daban ayudas, «pero no cómo se daban»

Manuel Chaves declara ayer en el el juicio por la pieza política de los ERE fraudulentos. :: Raúl Caro / efe/
Manuel Chaves declara ayer en el el juicio por la pieza política de los ERE fraudulentos. :: Raúl Caro / efe

El expresidente andaluz descarta que en su Gobierno se impulsara «intencionadamente» un sistema que eludiese los controles

CECILIA CUERDO

sevilla. «No es dejación de funciones o que queramos esconder nuestra responsabilidad, pero correspondía a otros poner las ayudas (de los ERE) en marcha». Repetitivo y machacón, el expresidente andaluz Manuel Chaves declaró ayer en el juicio que investiga la legalidad del sistema para pagar ayudas sociolaborales implantado durante una década en la Junta de Andalucía, y rechazó la acusación de que no quiso poner freno porque esa fórmula permitía la discrecionalidad, opacidad y la falta de controles. Nada sabía porque todo era competencia de la Consejería de Empleo, luego nada pudo hacer. No obstante, aseguró que en todo momento pensó que actuaban dentro de la ley porque las ayudas acababan recogidas en los Presupuestos. «Y la ley -concluyó- no es ilegal».

Retirado de la vida política desde 2015, cuando tras ser imputado en el Tribunal Supremo renunció a su escaño en el Congreso -desbloqueando de paso la investidura de Susana Díaz-, Chaves se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. Una pena menor que, a diferencia de lo que le ocurre a su sucesor José Antonio Griñan, le evita ir a la cárcel pero que supone toda una enmienda a la totalidad de su gestión durante 19 años.

Más nervioso que Griñán, durante cuatro horas trató de convencer al fiscal de que él solo estaba volcado en la necesidad de poner en marcha políticas de ayudas que suavizaran el impacto de la crisis y permitieran mantener el tejido productivo andaluz, en la paz social.

«Que se daban ayudas sí lo conocía, cómo se articulaban no era mi ámbito de decisión», se escudó, aunque reconoció que en el Consejo de Gobierno se debatía y conocía la situación de dichas empresas y que incluso se reunió con trabajadores y empresarios para conocer de primera mano esa situación crítica. Es más, esa preocupación formaba parte de su programa de gobierno mediante los acuerdos de concertación. Eso sí, su «única labor era que se pusiera en marcha un plan de viabilidad que diera lugar a un plan de industrial; cómo se hiciera, pertenecía a otro ámbito político».

Estructura de confianza

Chaves lo justificó en que su gobierno funcionaba con una «estructura de confianza», y que siempre dio por sentado que sus consejeros «respetaban escrupulosamente la ley». «Me cuesta creer que alguien pudiera fijar conscientemente un procedimiento ilegal o para burlar la ley», argumentó. En ese sentido, afirmó que conocía que había normas que amparaban la concesión de ayudas sociolaborales, aunque desconocía cuáles se aplicaban.

Tampoco supo nada de la firma del convenio marco de 2001 que estableció un nuevo sistema, las transferencias de financiación, para agilizar los pagos, o de que se contrataron despachos externos de abogados para mediar en los expedientes. «No lo hubiera permitido», aseguró.

A Chaves no se le acusa de malversar fondos públicos. Por eso, se limitó a explicar que el Consejo de Gobierno debatía las grandes cifras de los presupuestos y el reparto entre consejerías, pero cada área se encargaba de gestionar su gasto. Entendía, según dijo, que al estar incluidas en los presupuestos, las transferencias de financiación «podían ser adecuadas o no, pero no eran ilegales porque una ley -la presupuestaria- no es ilegal».

Nunca supo de los reparos de la Intervención, y tampoco tenía que conocer las modificaciones presupuestarias motivadas por la alegría con la que se concedían las ayudas sociolaborales con cargo a la partida 31-L. Simplemente, venían con el visto bueno de la Intervención General y se aprobaban sin leerlas y discutirlas porque eran tantas que «habría pasado todo el tiempo de mi presidencia leyendo». El fiscal volvía una y otra vez por las competencias que podía tener o no el presidente del Ejecutivo, pero apenas entró en ayudas concretas que la instrucción vinculó a Chaves. De hecho, ni siquiera le interrogó acerca de la información difundida por el PP este domingo de que el expresidente veraneó en el chalé de un empresario beneficiado con las ayudas.

Tras Chaves, la declaraciones de los acusados encaran su recta final, a falta solo de un secretario técnico de la Consejería de Innovación. Una vez que concluya, llegará el momento de los más de 150 testigos solicitados por las partes, entre ellos los peritos de la Intervención General, cuyo informe es la principal prueba de cargo contra los 22 ex altos cargos implicados. Fuentes judiciales estiman que el juicio se prolongará hasta noviembre.

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