«En Cataluña se ha hecho una propuesta como la de Maduro»

Felipe González. :: o. chamorro
Felipe González. :: o. chamorro

El exdirigente socialista blande el artículo 155 frente al secesionismo pero aboga por intentar también un diálogo con líneas rojas Felipe González Presidente entre 1982 y 1996

PAULA DE LAS HERAS

madrid. Felipe González es extremadamente crítico con la actuación de la Generalitat de Cataluña. Tanto que ayer llegó a acusar a su presidente, Carles Puigdemont, de actuar como el venezolano Nicolás Maduro, que «intenta acabar con su Constitución para, si no gana con los votos, ganar con las botas», y calificó de «bodrio» la ley del referéndum secesionista, que el martes presentaron en el Teatro Nacional de Cataluña Junts pel sí y la CUP.

González subrayó, durante su intervención en el 'Foro 40 años de democracia' de Vocento, que frente a ese desafío independentista hay tres niveles de respuesta: el judicial, el del Tribunal Constitucional y el del artículo 155 de la Constitución. La mención a ese artículo de la Carta Magna tiene especial relevancia porque en las últimas semanas dos miembros de la dirección del PSOE lo han puesto en cuestión. La secretaria de cohesión social y presidenta del PSC, Núria Parlon, adujo incluso que si Mariano Rajoy llegaba a echar mano de él habría que apelar a la «comunidad internacional»; aunque sus palabras fueron después desautorizadas.

El expresidente fue rotundo: «Tan constitucional es la estructura autonómica como el 155» dijo. El problema, a su juicio, es que siempre se interpreta el polémico precepto con «visión totalizadora». «Se dice que implica acabar con la autonomía y no es cierto -reprochó-; exige de los responsables del Gobierno que, si se vulneran las normas constitucionales y estatutarias, den una respuesta para devolver la realidad al ámbito constitucional». «¿Qué es muy ambiguo? -continuó- Afortunadamente ambiguo porque así es perfectamente graduable».

En el ámbito judicial, González adujo que el proyecto de ley rupturista que la Generalitat quiere aplicar el 1 de octubre supone una «incitación clara a la sedición», aunque admitió que seguramente no encaje en ese tipo penal tal y como está hoy concebido. Y, por otro lado, recordó que siempre está la impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, que paralizaría la norma.

En todo caso, también defendió que se abran cauces para el diálogo político y abogó por crear una subcomisión para la reforma constitucional en el Congreso. «Ambiente para el consenso no parece que haya, pero en el 77 lo había justito» dijo. Como punto de partida, eso sí, exigió que los independentistas reconozcan la nación española y asuman que Cataluña no va a ser un Estado.

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