El PP avisa a Sánchez de que estará con las víctimas en las protestas de la calle

Fernando Grande-Marlaska, ayer, durante la sesión de control, acompañado de José Luis Ábalos. :: ballesteros/EFE/
Fernando Grande-Marlaska, ayer, durante la sesión de control, acompañado de José Luis Ábalos. :: ballesteros/EFE

Mari Mar Blanco recuerda al Gobierno que «la memoria y el sacrificio no se venden»

M. E. ALONSO

MADRID. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara el terreno para el acercamiento al País Vasco de presos de ETA consciente de que se va a encontrar piedras en el camino, sobre todo desde el PP y desde las asociaciones de víctimas. «Está dispuesto a pagar a los terroristas y a pagar a algunos para trasladar las prisiones al País Vasco», advirtió ayer en el Congreso el portavoz popular Rafael Hernando.

Los pasos que sigue la política penitenciaria de Sánchez son vistos con «preocupación» desde el partido de Mariano Rajoy, que durante sus seis años y medio al frente del Ejecutivo ha mostrado mano dura contra los presos de la banda terrorista. El PP ha vuelto a colocar como en 2005 a las víctimas como eje de su oposición y advirtió al presidente de que «acompañarán» a las asociaciones si deciden salir a la calle para protestar por los «beneficios» a etarras. «La normalización no es acercar presos y contentar a nacionalistas, es que el relato tenga las palabras democracia y dignidad», advirtió el vicesecretario y diputado del PP Javier Maroto.

Con más de 300 crímenes sin resolver, las víctimas entienden que no puede haber cambios en la política de dispersión de presos de ETA. Las asociaciones están dispuestas a pedir el respaldo social en las calles si el Ejecutivo decide dar pasos en un acercamiento sin que los reos terroristas colaboren con la Justicia. «La memoria y el sacrificio no se venden», avisó la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco.

Aprovechando el homenaje anual que la Cámara baja rinde a las víctimas del terrorismo, la hermana del edil del PP en Ermua asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, advirtió ayer al Gobierno de que «ninguna hipoteca política puede saldarse a costa de las víctimas». Ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que será el responsable político de gestionar los traslados, la también diputada del PP rechazó conceder cualquier «medida de gracia» a los etarras que no se hayan arrepentido y que no hayan mostrado «ningún interés en colaborar con la Justicia» para resolver asesinatos pendientes. «Cualquier connivencia con los terroristas fuera del marco de la ley -advirtió Blanco- podría ser entendida como un claro insulto a la memoria de las víctimas».

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, reconoció que la decisión de Sánchez «nos ha descolocado un poco» por qué se posiciona del lado de los terroristas cuando éstos aún ni han mostrado arrepentimiento. En la misma línea, Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la misma asociación, arremetió contra la «indecente» decisión de Sánchez porque «va a hacer muchísimo daño a mucha gente».

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