La Audiencia respalda la competencia de la juez Lamela para investigar la sedición

La juez Carmen Lamela en una fotografía de archivo. :: r. c./
La juez Carmen Lamela en una fotografía de archivo. :: r. c.

La Sala Penal confirma la decisión de la instructora de abrir una causa a Trapero y los presidentes de ANC y Òmnium por los incidentes de Barcelona

MATEO BALÍN

madrid. Espaldarazo de la Audiencia Nacional a la juez Carmen Lamela. La Sala de lo Penal, por cuatro votos a uno, rechazó ayer el recurso presentado por las defensas de los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en contra de la competencia del tribunal central para investigar el delito de sedición. Dicho tipo penal fue la razón que llevó a la magistrada a admitir la denuncia de la Fiscalía por los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona el 20 y 21 de septiembre, en el marco de la 'operación Anubis' contra el núcleo organizador del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La decisión del tribunal de la Sección Segunda, presidido por María José Rodríguez y formado por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego, Juan Pablo González y José Ricardo de Prada, contó con el voto particular discrepante de éste último.

En síntesis, la mayoría considera que la competencia del delito de sedición corresponde al juzgado central «no porque este delito con carácter general sea competencia de la Audiencia Nacional, sino porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma actual de Gobierno». Una circunstancia que sí es propia de la Audiencia Nacional y que ya defendió en el recurso de reforma la juez Lamela para seguir con la causa.

El argumento de los magistrados es que los hechos investigados, en los que están encausados también el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente del cuerpo Teresa Laplana, «no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables del Govern y del Parlament catalán, en connivencia con las entidades independentistas, para subvertir gravemente el orden constitucional».

Recuerda el auto, además, que la misma Sala Penal no cuestionó la competencia cuando se investigó en 2015 a determinados alcaldes por delitos de sedición o de rebelión, «separándose así de manera implícita del criterio adoptado por el pleno (todos los magistrados) de la Sala Penal el 2 de diciembre de 2008, en un supuesto que no remitía a un momento histórico muy diferente, como era la rebelión militar de 1936, que dio lugar al inicio de nuestra Guerra Civil».

Este asunto fue abocado a pleno cuando el juez Baltasar Garzón, inhabilitado por un delito de prevaricación, admitió la querella de las víctimas del franquismo en contra del criterio de la Fiscalía de este tribunal.

«Interpretación extensiva»

La resolución de ayer sobre la competencia del delito de sedición contó con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que argumentó que se trata de una interpretación «forzada y extensiva» y que delitos contra el orden público como éste no lo son contra la forma de Gobierno. Vino a decir De Prada, uno de los tres magistrados del juicio de 'Gürtel' junto a Ángel Hurtado y Julio de Diego, que el juzgado de Lamela tenía que haberse inhibido en favor de los órganos ordinarios donde se produjeron los hechos, esto es, en Barcelona.

El espaldarazo de la sala a la magistrada coincidió también con una resolución de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. El órgano que regula el funcionamiento interno del tribunal central salió ayer en su apoyo tras las duras críticas recibidas por mandar a prisión incondicional al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a siete exconsejeros en la causa contra el Govern.

Los ocho miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia, presidida por José Ramón Navarro, mostraron su apoyo a la independencia de Lamela y exigieron respeto a sus decisiones, en referencia a quienes la cuestionan «insistentemente» con el único afán de «erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho».

Dos de los miembros de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, los magistrados Ricardo Bodas y Fernando de Mateo, pertenecen al colectivo progresista Jueces para la Democracia, que en un comunicado reciente llegó a cuestionar la decisión de la juez de enviar a prisión a los miembros del Govern tras hacer una «interpretación extensiva» del derecho penal.

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