Artur Mas intentó frenar el proceso separatista un año antes del referéndum

El expresidente avisó de que el Estado «se cargaría» cualquier intentona y que las empresas no apoyarían la secesión

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

Artur Mas comparecerá mañana como investigado ante el Supremo por los supuestos delitos de secesión y rebelión. La prueba de cargo contra quien fuera presidente de la Generalitat entre diciembre de 2010 y enero de 2016 serán los informes de la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil, que revelan que el exmandatario estuvo en las reuniones al «más alto nivel» en la que los líderes independentistas de Esquerra y la antigua Convergència pactaron la hoja de ruta hacia la república.

Pero los últimos informes que el instituto armado ha remitido al juez Pablo Llarena -y a los que ha tenido acceso este periódico- también desvelan que Artur Mas intentó frenar en aquellas mismas reuniones el órdago del 1-O, un año antes de que el referéndum ilegal se celebrara. Los documentos de la Guardia Civil apuntan a que el expresidente fue durante meses una suerte de 'pepito grillo' del independentismo. De hecho, vaticinó que el Estado se «cargaría» cualquier intentona independentista y que, además, las empresas y los bancos no responderían favorablemente a la declaración de la independencia.

Los atestados policiales, una vez más, se basan en la ya famosa agenda 'Moleskine' que la Guardia Civil se incautó el 20 de septiembre en la 'operación Anubis' en el registro de del domicilio particular del número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové. El también secretario general de Vicepresidencia y de la Consejería de Economía, considerado por los investigadores ya como el verdadero 'alma mater' del 1-O, dejó plasmadas en sus notas sus impresiones sobre las reuniones en las que participó con el núcleo duro del 'procés' y, sobre todo, reflejó las dudas de Mas sobre el cariz que estaba tomando el desafío independentista.

«Al más alto nivel»

En su 'Moleskine', revela la Guardia Civil, Jové escribió sobre una «reunión al más alto nivel» que se celebró el 22 de septiembre de 2016, poco más de un año antes del 1-O y en la que, además de Mas y Jové, estuvieron presentes, entre otros, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Marta Rovira. El informe señala que en ese encuentro se pactó «aprobar las leyes de desconexión en junio o julio de 2017», finalmente se aprobarían el 6 y 7 de septiembre en dos tormentosos plenos del Parlamento de Cataluaña. «En esa reunión Artur Mas mostró dudas» sobre qué pasaría, una vez aprobada la independencia, en el «tráfico financiero, la seguridad, las reacciones del Estado, el papel del Parlament y de las grandes empresas». Una verdadera «premonición», según escriben los investigadores en sus informes

No era la primera vez que Mas avisaba a Puigdemont y su entorno de que no veía nada claro el asunto de la independencia. La Guardia Civil se hace eco de otros apuntes que Jové dejó en su agenda el 31 de agosto de 2016, en otro conclave con los mismo intervinientes y en el que también participaron los entonces consejeros Jordi Turull y Raül Romeva. En aquella ocasión, «Mas reprochó que la CUP hubiera obligado a cambiar el planning inicial, puesto que estaba exigiendo la realización de un referéndum que no estaba previsto en el programa de JXSÍ (Junts pel Sí)». Dijo además que no había forma de «controlar» las consecuencias de esa consulta y avisó que el «Estado sabía cómo cargárselo (el referéndum) tras la experiencia del 09.11.2014 (la consulta independentista del 9-N que promovió el propio Mas)».

La Guardia Civil deja claro que Mas, a pesar de su renuncia a la Presidencia de la Generalitat en enero de 2016 para facilitar la investidura de Carles Puigdemont con el apoyo de la CUP, estuvo al tanto de los movimientos para organizar el 1-O desde el inicio, y se mostró contrario a la consulta. Los atestados también revelan que el 23 de febrero de 2016, mes y medio tras la proclamación de Puigdemont, el expresidente asistió a otro encuentro con su sucesor, Rovira, Junqueras, Jové y Turull, entre otros, en el que se dio el visto bueno a la «tramitación de las leyes de ruptura» con el Estado español, la del referéndum y la de transtoriedad jurídica.

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