Amnistía reprocha a España la gestión de la crisis catalana

Policías nacionales retiran de la carretera a manifestantes durante el 1-O. :: Susana Vera / reuters
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Policías nacionales retiran de la carretera a manifestantes durante el 1-O. :: Susana Vera / reuters

Critica la «fuerza excesiva» el 1-O, las restricciones en la libertad de expresión de los independentistas y los encarcelamientos

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Madrid. Pocas veces un informe anual de Amnistía Internacional había estado tan centrado en cuestiones políticas españolas. La organización no enfoca esta vez el grueso de sus denuncias en la situación de los inmigrantes, en los casos sobre malos tratos policiales o el recorte de los derechos por la 'ley mordaza'. El 'procés' se cuela en el dossier sobre el estado de los derechos humanos en el mundo presentado ayer. Un documento que el Gobierno esperaba con cierta preocupación y que incluye duras críticas a las fuerzas de seguridad y los jueces por algunos aspectos de la gestión de la crisis catalana.

El apartado dedicado a España se centra particularmente en la jornada del referéndum ilegal para concluir que «los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que controlaron las protestas del 1 de octubre en Cataluña emplearon fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos que se oponían a una operación policial». Recuerda que la Policía Nacional, al menos en un punto del centro de Barcelona, «disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma», hiriendo de «gravedad» a una persona, que perdió la vista.

Amnistía, además, asegura que en España durante el pasado año «se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de las personas que apoyaban la independencia catalana». El documento insiste en que esas restricciones fueron decisión de «algunas autoridades» (no especifica en sus páginas cuáles), sobre todo tras la decisión del Constitucional de suspender cautelarmente la ley del referéndum catalán. Menciona además que en Madrid y Vitoria los tribunales prohibieron dos «acto públicos de apoyo al referéndum» o que el ayuntamiento de Castelldefels dictó una «prohibición general» del uso de los espacios públicos «para celebrar reuniones a favor o en contra del referéndum».

«Muy general»

El documento analiza con detenimiento la situación de los últimos meses en Cataluña y dedica un apartado al encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómniun, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. No hay menciones a las órdenes de prisión del exvicepresidente Oriol Junqueras y los demás exconsejeros. Sobre los 'jordis', afirma que los presidentes de sendas «organizaciones independentistas catalanas» fueron «detenidos y acusados» de sedición, «delito definido de manera muy general», en relación con protestas que «habían organizado en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre» por, según la jueza, «oponerse a una operación policial legítima».

Amnistía Internacional deja claro que, a su entender, el 27 de octubre «los grupos políticos independentistas del parlamento autonómico catalán» sí que «declararon unilateralmente la independencia de Cataluña». Y que el referéndum del 1-O, recuerda, se hizo «desafiando varias sentencias del Tribunal Constitucional».

Más allá del 'procés', el informe contiene críticas muy duras sobre el uso que los tribunales españoles hacen del delito de enaltecimiento y humillación a las víctimas, sobre todo por comentarios en las redes sociales. Afirma la asociación que en España el pasado año se «procesó a decenas de personas» por estos ilícitos y se condenó a veinte. «Y en muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional».

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