La Abogacía del Estado ve acreditada la malversación

Sostiene que se usaron «partidas presupuestarias ocultas» para financiar el referéndum del 1-O

M. SÁIZ-PARDO MADRID.

Los servicios jurídicos del Estado consideran acreditada la malversación de fondos públicos para financiar la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Es más, la Abogacía del Estado afirma que es «obvio» que la Generalitat usó «partidas presupuestarias ocultas» para pagar los preparativos de la consulta y que incluso utilizó los datos fiscales de los catalanes para hacer el censo que se usó aquel día y nombrar a los miembros de la mesas electorales.

Así lo afirma en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que comenzó a investigar los preparativos del 1-O antes que la Audiencia Nacional y el Supremo a raíz de una denuncia contra el exjuez y exsenador Santiago Vidal. En su escrito en contra de la petición de Vidal de que se archive la causa en su contra, los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia se oponen a ese sobreseimiento con el argumento que las revelaciones que hizo el exjuez, y que le valieron la imputación y de las que luego se desdijo, son verdaderas.

Vidal, siendo senador de Esquerra Republicana, afirmó, entre otras cosas y en foros públicos, que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes, que contaba con una partida de 400 millones de euros «debidamente camuflados» para poner en marcha las estructuras de Estado y que el Gobierno autonómico ya había comenzado con los preparativos para recaudar impuestos

«Es obvio que las partidas presupuestarias se hallaban ocultas, como lo demuestra el hecho de que aún hoy la interventora general de la Generalitat siga afirmando en las contestaciones a los requerimientos que no le consta que se hayan utilizado fondos públicos en la promoción y organización del referéndum y el hecho de que sea necesaria la instrucción judicial para acreditarlo», apunta la Abogacía del Estado, en idéntica línea a la que sostiene el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha instruido el sumario principal contra los promotores del 'procés' con Carles Puigdemont a la cabeza.

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