Sánchez garantiza que no recurrirá a los independentistas para sustituir a Rajoy

La aclaración a estas alturas puede resultar para muchos innecesaria, pero Puente quiso aprovechar la ocasión para sacarse una espinita clavada durante la fraticida batalla por la secretaría general de su partido. Durante meses, los rivales de Sánchez hicieron correr la especie de que se habían visto obligados a forzar su caída, en el otoño de 2016, porque ya había firmado un acuerdo de Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña. Nunca presentaron la más mínima evidencia pero sembraron dudas sobre lo lejos que estaba dispuesto a llegar el depuesto líder para lograr el poder. Y ahora los 'sanchistas' quieren que quede claro que todo era «falso».

No apoyarse en los independentistas para ocupar la Moncloa no significa, sin embargo, negarse a colaborar con ellos. Puente aseguró que el PSOE dialogará con las fuerzas catalanas «en la búsqueda de una solución pactada» a la crisis territorial. Y no hará ascos tampoco a sus votos, aunque 'a priori' no los busque, para revertir en el Congreso buena parte de la obra legislativa del PP. Obra que, en aglunos casos salió adelante con el único apoyo de los diputados populares pero que en otros logró aliados inesperados. De hecho, los también secesionistas del PDeCAT secundaron, entre otras iniciativas, la amnistía fiscal y la reforma laboral.

El portavoz de la dirección socialista -que compatibilizará esta función con sus responsabilidades como alcalde de Valladolid- insistió, en todo caso, en que la oposición sin cuartel al PP no significa que no vayan a tratar asuntos de Estado. Es más, reclamó que cuanto antes se produzca un encuentro entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en la Moncloa con el argumento de que tienen «muchos asuntos que tratar».

Uno de esos asuntos sería el del desafío secesionista. Los socialistas sostienen que es preciso poner en marcha una reforma de la Constitución que «perfeccione» el reconocimiento de la «plurinacionalidad» del Estado y profundice en los aspectos federales del modelo autonómico. Alegan que hay que explorar esa vía para que Cataluña vuelva a sentirse cómoda en España. Y que ellos buscarán un «punto medio» entre el «inmovilismo» del PP y el rupturismo del actual gobierno de la Generalitat.

Reparos

A la espera de poder dar algún paso en esa dirección, no obstante, Puente reiteró que el PSOE estará «en la defensa de la legalidad frente al desafío soberanista de Cataluña». Ahora bien, mostró sus serios reparos a la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, que llegó a tildar incluso de medida «cruenta» (adjetivo al que el diccionario de la RAE no da otro significado distinto de «sangrienta»).

No es que Rajoy tenga en mente echar mano de esa disposición de manera inmediata. Es más, fue el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, el que una vez más argumentó este fin de semana, con un artículo en la revista Tiempo, que el Ejecutivo debía haberlo activado ya ante los «excesos» del presidente catalán, Carles Puigdemont.

El caso es que, por su enorme indefinición y por el proceloso trámite que exige, el 155 ni siquiera resultaría un instrumento muy útil para actuar con rapidez frente a los soberanistas. Por eso en la legislatura pasada Rajoy impulsó, aprisa y corriendo, y con toda la oposición en contra, una reforma legal que faculta al Constitucional para suspender de sus funciones por un tiempo indeterminado a las autoridades que incumplan sus resoluciones.

En contra de lo que se cree, el polémico artículo no prevé como tal la destitución del presidente de la comunidad o de sus diputados ni una intervención de las Fuerzas Armadas o la Policía y la Guardia Civil ni supone, como dijo el portavoz socialista, la «suspensión de la autonomía», aunque es cierto que su ambigua redacción abre la puerta a una enorme discrecionaliadad porque faculta al Gobierno a tomar «las medidas necesarias» para obligar a una comunidad al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones legales; eso sí, previo requerimiento a su presidente y siempre y cuando lo autorice la mayoría absoluta del Senado. Sólo ha tenido desarrollo en la ley de estabilidad presupuestaria pero jamás se ha utilizado.