La Rioja

Una grabación ilegal de la Guardia Civil echa por tierra toda la 'operación Guateque'

  • El varapalo judicial, que se une a otros recientes reveses al Cuerpo, anula mayor investigación sobre licencias amañadas

Madrid. Todo el proceso anulado, toda la investigación a la basura y los 30 procesados libres, a la espera de un posible recurso ante el Supremo que, según todas las fuentes consultadas, tiene pocos visos de prosperar. Una grabación ilegal de la Guardia Civil ha echado por tierra la mayor investigación sobre una trama corrupta en el Ayuntamiento de Madrid y ha dejado en papel mojado los años de trabajo para destapar la que se considera la mayor red de concesión de licencias amañadas de locales de ocio conocida en España.

La denominada 'operación Guateque' ya es historia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los 30 procesados -entre ellos 19 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid- tras considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción «son nulas y carentes de validez a efectos acusatorios», ya que la grabación magnetofónica que dio origen a la investigación judicial fue «realizada sin autorización del juez y al margen de cualquier procedimiento penal».

Los magistrados han hecho una aplicación clásica de la teoría jurídica del «fruto del árbol envenado. Todo lo que surge de ese tronco principal (pruebas ilícitas en este caso) contaminan e invalidan el resto del proceso.

Muy duros

Los jueces son muy duros con el juez instructor y con la Guardia Civil, a los que acusan de forma más o menos velada de haber manipulado toda la investigación. En su sentencia recuerdan que la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid se fundamentó en una supuesta «grabación espontánea» realizada el día 6 de marzo de 2007 por un «ciudadano por su cuenta y por sus propios medios». Esa fue la versión de los atestados y la versión que hizo suya el instructor. Y sin embargo, no fue así, según ha quedado probado en el juicio.

La sala entiende que fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Madrid quienes entregaron sin control judicial al denunciante una grabadora pequeña y una cinta magnetofónica con la finalidad de que registrara la conversación que iba a tener lugar ese mismo día en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería, con quien mantenía una antigua relación de confianza.

Con aquella grabación se justificó el auto por el que se ordenó la intervención de varios teléfonos, obteniendo pruebas claves del caso. Pero ese auto, arguye la sentencia, carece de valor porque se «asienta exclusivamente en el relato falaz obrante en el atestado de la Guardia Civil».

«Los agentes de la Guardia Civil actuaron de mala fe, estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal», concluye la dura resolución.

La resolución conocida ayer es un duro varapalo a la Guardia Civil en su lucha contra las tramas de corrupción. El Cuerpo, y en particular su Unidad Central Operativa (UCO), se encuentra en el ojo del huracán por sus informes sobre corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes criticó su trabajo por vincularla con Púnica. Francisco Granados también ha anunciado acciones contra la Guardia Civil.

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