La Rioja

La justicia europea condena a España por privar a Atutxa del derecho de defensa

  • El expresidente del Parlamento vasco fue inhabilitado por el Supremo al no disolver en 2003 a la formación Sozialista Abertzaleak

parís. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó ayer a España por violación del derecho a un proceso equitativo del expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. La corte europea resolvió por unanimidad el contencioso contra el exdirigente del PNV por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003. Consideraron que la Justicia española privaron a Atutxa y a los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, de su derecho a defenderse en el marco de un debate contradictorio en el proceso en el que todos ellos resultaron condenados a inhabilitación y multa por el Tribunal Supremo en abril de 2008, pena confirmada cinco años después por el Tribunal Constitucional.

La sentencia, dada a conocer ayer por la mañana, otorga una indemnización simbólica de un euro a cada uno de los tres demandantes por daños morales como habían reclamado, y 600 euros para los tres por gastos y honorarios.

Los jueces europeos argumentan que el Supremo español llegó a su conclusión sobre la desobediencia de los acusados por deducción, sin haber escuchado a los interesados. Por ello, no tuvieron oportunidad de exponer ante el alto tribunal las razones por las cuales negaban haber tenido una intención fraudulenta. La corte considera que «las cuestiones que debían ser examinadas por el Tribunal Supremo necesitaban la apreciación directa del testimonio de los demandantes».

«Es forzoso constatar que, cuando el razonamiento de un tribunal descansa sobre elementos subjetivos (como, en este caso, la existencia de una voluntad rebelde), es imposible proceder a la apreciación jurídica del comportamiento del acusado sin haber previamente intentado probar la realidad de ese comportamiento, lo que implica necesariamente la verificación de la intención del acusado relativa a los hechos que le son imputados», razona el veredicto, redactado en francés y que fue avalado por los siete jueces de la sala del TEDH, entre ellos el español Luis López Guerra.

La «versión personal»

Con su varapalo técnico al Supremo, los jueces de Estrasburgo dan la razón a los magistrados del sector progresista Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés discrepantes con la sentencia ratificadora del Constitucional. En un voto particular, estos jueces habían considerado que se vulneró el derecho de los condenados a un proceso con todas las garantías, porque los parlamentarios fueron castigados en segunda instancia a 18 meses de inhabilitación y diez meses, respectivamente, sin que se les diera la «posibilidad efectiva» de dirigirse personalmente ante el alto tribunal para exponer «la versión personal sobre su participación en los hechos que se les imputaban».

De forma previa, los tres habían sido absueltos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La condena posterior del Supremo, por ocho votos a cuatro del pleno, dio lugar a la llamada 'doctrina Atutxa'. Esto es, la posibilidad de que un procedimiento pueda llegar a juicio oral con la sola acusación popular, en este caso el sindicato disuelto Manos Limpias, a diferencia de la llamada 'doctrina Botín'. El matiz es que el delito de desobediencia (Atutxa) afecta a intereses colectivos o si no se han personado los perjudicados directos.

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