La Rioja

La Audiencia asume la causa del 'cártel del fuego', «un fraude de más de 100 millones»

  • La operación contra una red de contratos de extinción de incendios afecta a 26 investigados y 14 empresas en al menos siete comunidades

madrid. El llamado 'cártel del fuego' fue desarticulado por la Policía Nacional en mayo de 2015 en una operación contra la corrupción en la Comunidad Valenciana, que luego se extendería a otras seis comunidades, y que supuso la detención en una primera fase de nueve personas, entre ellas el exconsejero de Gobernación y entonces delegado del Gobierno en esa región, Serafín Castellano, que fue destituido de forma fulminante por el Ejecutivo central.

Se trata de una investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción dos de Sagunto (Valencia), sobre los presuntos sobornos a altos cargos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía o Castilla-La Mancha para favorecer a una red de empresas en la concesión de contratos para los servicios de prevención y extinción de incendios. También alcanza al Ministerio Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente durante la primera etapa de su actual responsable, Isabel García Tejerina, y de su antecesor Miguel Arias Cañete.

La investigación de la trama, que podría haber supuesto un fraude a la administración «superior a los 100 millones de euros», según el auto de la Audiencia Nacional conocido este lunes, ha sido asumida por el Juzgado Central de Instrucción número seis. El juzgado en el que trabaja Eloy Velasco de forma interina hasta que su titular, Manuel García Castellón, ocupe el puesto a finales de junio.

Las pesquisas afectan a 26 investigados (entre ex altos cargos de la Administración Pública, funcionarios y empresarios), varias compañías pertenecientes a la Asociación Española de Compañías Aéreas AECA, como Avialsa T-35, Martínez Ridao, Trabajos Aéreos Espejo, Faasa Aviación, Cegisa, Santiago Cid, Grupo Inaer o Trabajos Aéreos Extremeños, dedicadas a prestar servicios comerciales, agrícolas, de protección civil y de prevención y extinción de incendios forestales, y otras empresas radicadas en Italia, Portugal y Chile.

UTES y sobornos

Se indaga la formación concertada de UTES (Unión Temporal de Empresas) para acceder a los contratos públicos a cambio de sobornos. Hasta la fecha existentes indicios de supuesto fraude administrativo, maquinación para alterar el precio de las cosas, organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental y cohecho. La grave repercusión de los hechos a la economía nacional, la complejidad del procedimiento y el perjuicio patrimonial ocasionado han sido las razones por las que el juzgado de Sagunto envió la causa a la Audiencia Nacional, con el criterio favorable de la Fiscalía.

Además del exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, entre los investigados figuran el ex director general valenciano de Interior Pedro Hidalgo, el exjefe de contratación del Departamento de Interior en Cataluña Xavier Palmés, el propietario de Avialsa Vicente Huerta, en el centro de la investigación, o el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del PP.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal en octubre de 2014. Las declaraciones de Antonio Alandí, el exgerente de Avialsa que denunció la trama ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres, permitió constatar el fraude y la concertación entre varias empresas para quedarse con los contratos públicos a cambio de supuestos sobornos a políticos y funcionarios.

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