La Rioja

El independentismo advierte al Gobierno central de que el referéndum es imparable

Josep Guardiola se dirige a los asistentes a la concentración independentista de ayer en Barcelona. :: lluís gené / afp
Josep Guardiola se dirige a los asistentes a la concentración independentista de ayer en Barcelona. :: lluís gené / afp
  • El secesionismo civil se presenta como víctima de un «Estado autoritario» impropio de las democracias del siglo XXI

Miles de personas, unas 30.000 según la Guardia Urbana y en torno a las 40.000 según los organizadores, se concentraron ayer en Barcelona para defender el referéndum y la independencia convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Ómnium Cultural y la Asoción de Municipios por la Independencia (AMI) y para lanzar una advertencia al resto de España: la consulta es imparable y nada de lo que pueda hacer el Gobierno central podrá frenar el proceso de desconexión.

Después de que el presidente de la Generalitat anunciara de manera solemne, aunque no por escrito, que convocará a los catalanes a votar en un referéndum sobre la independencia el próximo 1 de octubre, los termómetros se han disparado en Cataluña, y no solo en lo meteorológico. «No hay suficientes cárceles, ni jueces ni policías» en todo el Estado español «para encerrar a todo un país», según avisaron la ANC y Ómnium. El secesionismo civil, que cree que ha llegado el momento de tocar a rebato, pues se acercan «meses intensos», que asegura que solo los que defienden el referéndum son demócratas y considera que una protesta permanente imposibilitará a Rajoy salirse con la suya para impedir la votación, volvió ayer a exhibir músculo y a demostrar su capacidad de convocatoria, aunque muy lejos de las cifras de las manifestaciones de la Diada.

Con las cuatro columnas de Puig i Cadafalch de Montjuïc de fondo, representando las cuatro barras de la 'senyera', con una enorme pancarta en inglés con las palabras 'Love' y 'democracy' bajo una urna, con un cronómetro fijando el tiempo que queda para la votación y con Josep Guardiola de maestro de ceremonias, el independentismo dejó claro que está dispuesto a llegar hasta el final y que no permitirá medias tintas. «Votaremos en un referéndum para decidir nuestro futuro. Votaremos aunque el Estado no lo quiera», según el manifiesto de la ANC, Ómnium y la AMI que leyó el ex del Barça y de la selección española en catalán, castellano e inglés. Guardiola, en su discurso, cargó con dureza contra España, presentada como un «Estado autoritario» que «persigue el debate político», «amenaza a todos los demócratas» y quiere «secuestrar la voz de la democracia». «Somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI», manifestó desde el escenario uno de los iconos del soberanismo. «No fallaremos», remató.

Lad fuerzas secesionistas, que en el 27-S no pudieron superar la barrera del 50% de los votos registrados, con la que hubieran declarado la independencia de manera unilateral, son conscientes de las dificultades que se van a encontrar de aquí al 1 de octubre para poder celebrar el referéndum.

No hay plan B

Pero en el mundo soberanista se ha impuesto un relato, ya sea en público como en privado, que mantiene que el Gobierno central no conseguirá frenar la votación. Así como en el 9-N estaba asumido que después de la consulta habría elecciones, los dirigentes secesionistas se esfuerzan ahora en negar que tengan un plan B para el día después del 1-O o que estén barajando alguna alternativa a la consulta y se conjuran para que la votación sea vinculante. «En Cataluña no habrá nunca más elecciones autonómicas», afirmó el presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, en su discurso en el acto de Montjuïc. Aunque también Oriol Junqueras dijo el año pasado que no habría más presupuestos autonómicos y este año se ha tenido que tragar sus palabras. Y es que, si el Gobierno central había conseguido meses atrás que se instalara un cierto pesimismo en torno al proceso, el soberanismo cree que ha recuperado la moral de victoria, o al menos eso es lo que trata de transmitir. Más aún después de que Puigdemont haya anunciado la fecha y pregunta, que ha supuesto atravesar un primer Rubicón en el desafío contra el Ejecutivo central.

El máximo responsable de la ANC instó al presidente de la Generalitat, presente en la protesta, junto a Junqueras y la plana mayor secesionista (PDeCAT, Esquerra y la CUP), a que no acepte ninguna propuesta de negociación que le ofrezca Rajoy a cambio de renunciar al referéndum. «Las urnas no se negocian», presionó Jordi Sánchez a Puigdemont, muy atento en la primera fila del público. Nada de terceras vías de ultima hora para aparcar la consulta, que las entidades no aceptarían, aunque el referéndum no estaba en el programa de Junts pel Sí y está por ver qué respuesta tendría entre las formaciones políticas.

madrid. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunciará mañana sobre la condena por un delito de desobediencia impuesta al expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa. El exdirigente del PNV fue castigado por el Tribunal Supremo en abril de 2008 a un año y medio de inhabilitación y 18.000 euros de multa, confirmado cinco años después por el Tribunal Constitucional, al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

La corte europeo con sede en Estrasburgo resolverá el recurso de Atutxa y de los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorr contra la sentencia de la corte de garantías española, que confirmó la condena y destacó las «notables diferencias» que se dan entre este supuesto y lo establecido un año antes por la Sala de lo Penal del Supremo en la denominada 'doctrina Botín', que impidió la apertura de un proceso contra el presidente del Santander, ya fallecido, a instancia en exclusiva de la acusación popular.

Entonces, la sentencia del Constitucional contó con el voto particular de los magistrados del sector progresista Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Fernando Valdés, que consideraron que se vulneró el derecho de los condenados a un proceso con todas las garantías, porque los parlamentarios fueron castigados en segunda instancia sin que se les diera la «posibilidad efectiva» de dirigirse personalmente ante el alto tribunal para exponer «la versión personal sobre su participación en los hechos que se les imputaban». Los discrepantes expresaron en su día que las diferencias entre ambas doctrinas, 'Atutxa' y 'Botín', no se abordan en la resolución de la mayoría.

En abril de 2008 el Supremo acordó por mayoría estimar el recurso de casación interpuesto por el sindicato Manos Limpias, hoy disuelto, contra la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco que absolvió a los condenados. Manos Limpias fue la única parte que presentó escrito de acusación durante el juicio celebrado contra los exparlamentarios.

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