La Rioja

La Audiencia asume la causa contra el 'cártel del fuego'

  • La operación contra la trama de contratos de extinción de incendios, que ha supuesto un fraude de 100 millones, afecta a 26 investigados en siete comunidades

El llamado 'cártel del fuego' fue desarticulado por la Policía Nacional en mayo de 2015 en una operación contra la corrupción en la Comunidad Valenciana, que luego se extendería a otras siete comunidades, y que supuso la detención en una primera fase de nueve personas, entre ellas el entonces delegado del Gobierno en esa región, Serafín Castellano, exconsejero de Gobernación que fue destituido por el Ejecutivo central. Se trata de una investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción número dos de Sagunto (Valencia), sobre los presuntos sobornos a altos cargos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Andalucía o Castilla-La Mancha para favorecer a una red de empresas en la concesión de contratos para los servicios de prevención y extinción de incendios. También afecta a responsables del Ministerio de Medio Ambiente durante la primera etapa de su responsable, Isabel García Tejerina, sustituta de Miguel Arias Cañete.

La investigación de la trama, que podría haber supuesto un fraude a la administración de unos 100 millones de euros, según el auto de la Audiencia Nacional conocido hoy, ha sido asumida por el Juzgado Central de Instrucción número seis. Las pesquisas afectan a 26 investigados (entre ex altos cargos, funcionarios y empresarios), varias compañías pertenecientes a la Asociación Española de Compañías Aéreas AECA (Avialsa T-35, Martínez Ridao, Trabajos Aéreos Espejo, Faasa Aviación, Cegisa, Santiago Cid, Grupo Inaer, Trabajos Aéreos Extremeños, etc.) y otras empresas radicadas en Italia, Portugal y Chile.

Se indaga la formación concertada de UTES para acceder a los contratos públicos, el fraude administrativo y la maquinación para alterar el precio de las cosas, organización criminal o cohecho. La grave repercusión de los hechos a la economía nacional y el perjuicio patrimonial ha supuesto que la causa acabe en la Audiencia Nacional, con el criterio favorable de la Fiscalía.

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