La Rioja

El presidente catalán sólo irá al Congreso si Rajoy acepta antes el referéndum

El presidente de la Generalitat compareció ayer junto con Oriol Junqueras para desestimar la invitación del Gobierno. :: q. garcía / efe
El presidente de la Generalitat compareció ayer junto con Oriol Junqueras para desestimar la invitación del Gobierno. :: q. garcía / efe
  • Propone que la Cámara baja y el Parlamento catalán voten los términos del eventual acuerdo que se alcance

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió a la oferta del Gobierno de Rajoy con una contraoferta para negociar el referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Si hay un acuerdo entre ambos, el jefe del Ejecutivo catalán propone someter el pacto a votación en el Congreso y en el Parlamento catalán. En ese momento, y no antes, estaría Puigdemont dispuesto a ir a las Cortes a defender su plan independentista.

Puigdemont no dio un no explícito por respuesta, pero más o menos. «Estamos dispuestos -dijo- a negociar el referéndum con el Gobierno. En caso de llegar a un acuerdo, los dos gobiernos lo someterán a los respectivos parlamentos». El presidente catalán sabe que el Gobierno no se sentará a negociar los términos de la consulta y en consecuencia todas las apelaciones al diálogo y a la negociación en ese sentido son meros juegos florales y brindis al sol para que nadie pueda acusarle de que no ha agotado todas las vías antes de activar el plan para celebrar un referéndum a las bravas, sin autorización ni de Madrid.

El Ejecutivo catalán, en cualquier caso, quiso «celebrar» el «cambio de tono» por parte de la Moncloa y valoró que, a su juicio, Rajoy reconozca por primera vez «la posibilidad de que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña», una interpretación que le llevará a insistir en la negociación hasta el último momento y cuando apenas restan cuatro meses para la consulta.

En su respuesta al Gobierno, la administración catalana, que según expresó Oriol Junqueras también pide como condición para sentarse a hablar que la Fiscalía retire las querellas contra los miembros de la Mesa de la Cámara catalana, ha tenido en cuenta dos precedentes en los que los independentistas salieron escaldados. El de 2014, cuando Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera acudieron al Congreso a defender la consulta del 9-N, que fue tumbada por la mayoría; y el caso del lehendakari Juan José Ibarretxe, que sometió a votación el llamado plan Ibarretxe, que fue ampliamente rechazado. El Gobierno catalán no quiere salir derrotado en las Cortes y descarta la oferta del Ejecutivo de Rajoy para debatir en el Congreso.

Puigdemont, así, mantiene la conferencia del lunes en la Caja de la Música de Madrid, donde se espera que haga un planteamiento similar al que hizo ayer. El presidente de la Generalitat lanzará una última oferta a Rajoy para que se siente a hablar y le «trasladará formalmente la propuesta para hacer efectiva una consulta acordada». El Gobierno catalán, según dijo Junqueras, entiende que el derecho a decidir del pueblo catalán es «irrenunciable» y está dispuesto a llegar hasta el final, caiga quien caiga.

Botón rojo

De momento, la Fiscalía ya ha presentado una querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por poner en marcha el proceso para comprar las urnas del referéndum y los miembros de la mesa del Parlamento están imputados por desobediencia al Tribunal Constitucional. Esta semana, además, desde Junts pel Sí se ha deslizado que la consulta podría celebrarse el 1 de octubre. Puigdemont podría fijar la fecha la semana que viene, una vez que tenga respuesta por parte del Gobierno de su propuesta de negociar los términos del referéndum, es decir, la fecha, la pregunta y las condiciones para que sea válida.

La Generalitat, en realidad, ya está preparada, o así al menos lo expresa públicamente, para pulsar el botón rojo de la vía unilateral. Le quedaban dos actos. El que celebró ayer el Pacte Nacional per el Referéndum y el del lunes en Madrid. El del organismo que reúne al soberanismo político (PDeCAT, ERC, CUP y Catalunya sí que es Pot) y a la sociedad civil, desde sindicatos, asociaciones empresariales, culturales y hasta el FC Barcelona, reunió a unas 3.000 personas en Barcelona para enviar una imagen de «transversalidad» en torno a la consulta.

Esta entidad ha recogido en cinco meses unas 500.000 firmas de ciudadanos que apoyan la consulta, una cifra que está lejos de los 2,3 millones de personas que votaron en el 9-N, pero que Puigdemont quiere usar como aval para forzar a Rajoy a negociar. «Vivimos una revuelta democrática, también de los que quieren votar que no», afirmó Joan Ignasi Elena, presidente del Pacte. «El referéndum es la nueva centralidad del catalanismo político», remató. También destacó que las encuestas señalan que el 80% de la gente quiere votar en referéndum. Lo que está por ver es si todas las entidades que respaldan una consulta acordada estarán hombro con hombro con Puigdemont en el referéndum unilateral.

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