La Rioja

El Partido Popular se lanza a enterrar la teoría del fuego amigo contra Cifuentes

  • La presidenta tendrá que aclarar en sede parlamentaria su papel en la adjudicación de contratos al empresario Arturo Fernández

Existe un riesgo mayor que el de aparecer ante la opinión pública como un partido erosionado por los escándalos. Y es el de trasladar la imagen de que el enemigo del PP duerme en el PP. La organización de Mariano Rajoy, vapuleada por la oposición en las últimas semanas, no está dispuesta a que el incendio de la corrupción se avive ahora con teorías conspirativas. De ahí que los populares se volcaran ayer en enterrar la hipótesis del fuego amigo contra Cristina Cifuentes. «En absoluto», rechazó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

En la tarde del martes se supo que dos informes de la Guardia Civil apuntaban a Cifuentes como posible responsable de delitos de cohecho y prevaricación por la adjudicación de los contratos de cafetería y cocina en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández. Fue cuestión de horas que el juez Eloy Velasco descartara proceder contra la presidenta regional, que para entonces acumulaba un listado de argumentos con los que defender su inocencia.

24 horas más tarde, sin embargo, Cifuentes dio a entender que alguien podría estar buscando su «desprestigio» y aseguró no creer «en las casualidades» y menos en política. No apuntó en ninguna dirección, pero que tampoco excluyera tajante la tesis de una mano negra en las filas populares encendió las alarmas en el PP. «Todos somos amigos», repitieron ayer los dirigentes del partido como un mantra en el Congreso al tiempo que el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró detectar una «enorme paz» en la formación.

No hubo quien no respaldara en público a la presidenta madrileña para ahuyentar toda duda sobre suspicacias internas. Si ya contaba con el aval expreso del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, también la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, recordó que Cifuentes «siempre» ha tenido su apoyo. El vicesecretario de Acción Sectorial, Javier Maroto, incluso insistió en que «personalmente» ha estado de acuerdo con su compañera de filas «en todo lo que ha hecho desde el primer minuto hasta el último».

Pero en privado, algunas fuentes de la organización cuestionan el discurso «victimista» que comienza a asomar en el entorno de Cifuentes. Ponen en valor que en julio de 2016 la presidenta madrileña pusiera en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, aunque la investigación concluyera con Ignacio González en prisión. Y aunque entienden que en ese contexto la tentación sea grande, advierten del peligro de la «manía persecutoria».

Palabra de juez

No es habitual que un juez en cuestión de horas haga llegar a los medios que en este momento no hay nada que justifique citar como investigada a Cifuentes ante los tribunales. Algunos cargos del PP destacan, por ello, la contundencia de ese pronunciamiento para frenar los ataques de la oposición y la desconfianza de la ciudadanía. Consideran innecesario, por lo tanto, buscar culpables. Aunque puestos a elegir prefieren pensar que la presidenta se refiere a Podemos, empeñado en una moción de censura en la Comunidad de Madrid.

También hubo ayer dirigentes que intentaron contener el cuestionamiento de la Guardia Civil. «La policía no debe calificar los hechos, que es lo que se ha hecho en los informes», denunció el portavoz del PP en la Asamblea madrileña, Enrique Ossorio. El vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, trató de encontrar un término medio: «Nosotros respetamos todos los informes que se puedan elaborar, pero al final lo que vale son las decisiones judiciales». Para entonces, sin embargo, el PSOE ya había solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Congreso para aclarar si él «defiende» a la Unidad Central Operativa.

«La teoría de la conspiración que insinúa Cifuentes y el victimismo no me convence», se sumó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que por ahora mantiene el pacto de investidura con el PP madrileño. En todo caso, la presidenta regional tendrá que comparecer en junio en la Asamblea, en la comisión que investiga la corrupción. Lo hará el día 2, como plantea la oposición o el 26, como pretenden los populares.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate