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Cristina Cifuentes, en un acto ayer junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. :: f. villar / efe
Las fiscales avalaron los indicios de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes

Las fiscales avalaron los indicios de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes

Un escrito remitido al juzgado cinco días después del informe de la UCO pone bajo sospecha las adjudicaciones de la Asamblea de Madrid

MATEO BALÍN

Jueves, 18 de mayo 2017, 00:14

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Las fiscales anticorrupción asignadas al 'caso Púnica' recogieron en un escrito remitido al juzgado de la Audiencia Nacional los indicios detallados por la Guardia Civil en el polémico informe que señala a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los delitos de prevaricación continuada y cohecho.

En su escrito fechado el 6 de marzo pasado, solo cinco días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mencionase el papel de Cifuentes en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García incluyeron las conclusiones del citado informe policial, que la presidenta madrileña ha tachado de «juicios de valor sin fundamento».

«La Policía Judicial ha identificado varias adjudicaciones en favor del Grupo Cantoblanco, cuyo dueño es el empresario Arturo Fernández, que siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam (fundación del PP señalada por financiar irregularmente al partido en Madrid) obtuvo la adjudicación de diversos contratos púb1icos de Vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009 y 2011», señala el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso este periódico.

«Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios de la Asamblea (en 2009 y 2011 por un total de 387.860 euros) presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe», añade el documento.

Las fiscales señalan, además, que la coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la Fundación Fundescam, a la que perteneció Cifuentes como vocal hasta 2008, «directores y miembros de los Comités de Campañas Electorales, Presidente, Secretario General y Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular, autorizados en cuentas y en las mesas de contratación de la Comunidad consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo».

Cargos de la presidenta

Precisamente, la presidenta autonómica del PP no solo fue vocal de Fundescam hasta 2008, sino que en 2009 y 2011 estuvo en la mesa colegiada de la Asamblea que adjudicó a Cantoblanco los servicios de cafetería y en 2007, cuando el empresario Arturo Fernández entregó 60.000 euros a Fundescam para la campaña autonómica y electoral, según la investigación, Cifuentes formaba parte del comité de campaña del PP.

Los hechos relatados, según las fiscales, presentan indiciariamente caracteres delictivos de malversación prevaricación, cohecho, falsificación, blanqueo de capitales y delitos electorales. Por otro lado, abundaron, «existen indicios de que incluso en los años 2014 y 2015 los proveedores de campañas electorales del Partido Popular seguían cobrando de diversas cuentas del partido, al margen del escrutinio de la Cámara y del Tribunal de Cuentas».

El mismo 6 de marzo pasado, el juez del 'caso Púnica' Eloy Velasco -el mismo que descartó investigar este martes a Cifuentes, según señalaron fuentes judiciales tras conocerse el informe de la UCO, señaló en un auto que se ha puesto de manifiesto corno «elemento nuclear» de esta trama el uso de la fundación Fundescam «para vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinataria de los servicios de campaña en las elecciones de 2007, 2008 y 2011».

Y menciona que empresarios donantes de Fundescam como Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid «en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes» y en los que habrían participado cargos públicos que también pertenecían al patronato de la fundación afín al PP de Madrid, en velada referencia a las sospechas de la UCO contra Cifuentes, entre otros.

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