La Rioja
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sale ayer de la comandancia de la Guardia Civil para dirigirse a la Audiencia. :: efe
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sale ayer de la comandancia de la Guardia Civil para dirigirse a la Audiencia. :: efe

El juez envía a prisión sin fianza al expresidente madrileño Ignacio González

  • El Ministerio Público también ha reclamado cárcel para Edmundo Rodríguez y solicita una fianza de un millón a López Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión sin fianza al expresidente madrileño Ignacio González, detenido el pasado miércoles en el marco de la operación Lezo, donde se investigan irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, han informado fuentes jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió ayer prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid por las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II, que presidió entre 2002 y 2013. El Ministerio Público también reclamó la misma medida para Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial del Canal en Sudamérica, y prisión bajo fianza de un millón de euros a Javier López Madrid, consejero de OHL.

González, de 56 años y presidente de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2012 hasta junio de 2015, declaró durante dos horas y 45 minutos ante el juez, después de acogerse a su derecho a no declarar el pasado miércoles ante la Guardia Civil. También contestó a las preguntas del juez Velasco y de los fiscales anticorrupción, Carmen García y Carlos Yáñez, Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de la empresa editora de 'La Razón'.

El hombre de González en Iberoamérica fue cesado por el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes tras aparecer su nombre en los 'papeles de Panamá'. También se sospecha que ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, de «origen desconocido», que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal. Y se tiene indicios de que una hija de Rodríguez, imputada en el caso, controla el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero, que en realidad serían de él.

Según los autos de prisión conocidos, alrededor de Ignacio González, Edmundo Rodríguez y la exdirectiva del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, en prisión desde el jueves eludible bajo una fianza de cuatro millones de euros, giraban las presuntas actividades ilícitas de la sociedad pública del agua. Entre los indicios detallados por el juez destaca un depósito común abierto en paraísos fiscales con 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) sustraídos, según los agentes de la Guardia Civil, de una operación del Canal en Brasil: la compra de la sociedad Emissao en 2013.

Antes pasaron a disposición judicial el hermano de Ignacio González, Pablo, y su cuñado José Juan Caballero, detenidos el miércoles, que se acogieron a su derecho a no declarar, según señalaron sus defensas. A ambos les investigan por la adjudicación a la empresa Tecnoconcret, de la que eran propietarios, la explotación de un campo de golf en terrenos del Canal en 2007, cuando Ignacio González era presidente de la empresa pública. Una década después la Justicia ha declarado ilegal la explotación del campo de golf.

El 'hermanísimo' aparece además vinculado en otra operación desarrollada el miércoles por otro juzgado central de la Audiencia Nacional. Se trata de las actuaciones contra la empresa semipública Mercasa (Red española de Mercados Centrales de Abastecimiento), una pieza separada del 'caso Defex'. Pablo González es en la actualidad director de estrategia y operaciones de Mercasa tras su paso por Bankia. En esta pieza instruida por el juez De la Mata se investiga a una serie de personas que firmaron un contrato por unos 500 millones de dólares con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista en su capital, Luanda. Se indagan en concreto sobreprecios en ese contrato, que pudieron servir para pagar comisiones y acabar en los bolsillos de los investigados, a los que se les imputan corrupción en los negocios, blanqueo, cohecho y pertenencia a grupo criminal.

Una comisión de 1,4 millones

Los dos últimos detenidos el jueves en la 'operación Lezo', el consejero de OHL Javier López Madrid y el que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, fueron los últimos en pasar a disposición judicial. López Madrid, yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, fue arrestado el jueves por la noche ante los indicios recabados por los investigadores sobre el supuesto pago a González de una comisión de 1,4 millones de euros, que se llevó a cabo a través de un banco con sede en Suiza.

El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios de Móstoles y Navalcarnero. Los agentes requirieron información el jueves en la sede de la constructora y de otras empresas como Indra, Saerco, Licuas y PwC, en este último caso por los proyectos de la agencia pública de comunicación ICM. En un comunicado, la compañía OHL defendió que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo. La constructora subrayó que nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político y que ha prestado «máxima colaboración» con las autoridades judiciales. También reiteró que tiene una política de «tolerancia cero» con la corrupción y recordó que, «hasta la fecha», nunca ha sido condenada por este delito.

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