La Rioja

La Guardia Civil investiga si hubo un chivatazo a Ignacio González

  • El expresidente le dijo a Zaplana que sería «cojonudo» el nombramiento de Moix, al que consideraba cercano al PP

Madrid. La Guardia Civil está convencida de que Ignacio González o su entorno recibió a principios de este año el chivatazo de la que Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le seguía los pasos muy de cerca y de que la Audiencia Nacional había abierto en 2016 una nueva investigación, al margen de la del ático de Estepona, que le implicaba en los desfalcos del Canal de Isabel II.

Los agentes, que tienen intención de reclamar al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que abra una pieza separada sobre esta supuesta filtración, basan sus sospechas en varios indicios, pero sobre todo por el hecho de que el expresidente hace dos meses dejó de usar profusamente sus teléfonos móviles, lo que respondería a que alguien le sopló que estaba intervenidos. Hasta entonces, González había hecho un uso indiscriminado e «indiscreto» de sus teléfonos hablando con total soltura de cuestiones muy sensibles.

Las sospechas de los agentes se acrecentaron cuando varios de los investigados, solo días después, llegaron a alertar en sus llamadas que sus teléfonos podría estar pinchados. Incluso, alguno de ellos insinuó que la información provenía de altas instancias oficiales.

Tras el presunto chivatazo, además, tanto González como su entorno intentaron contactar con responsables policiales y judiciales para confirmar el alcance de las investigaciones que por entonces ya estaban coordinadas por el juez Velasco. Según se infiere de los escasos pinchazos jugosos conseguidos tras el chivatazo, los implicados llegaron a saber que las pesquisas superaban con mucho la denuncia que el equipo de Cristina Cifuentes ya habían entregado a Anticorrupción en verano de 2016.

Esas noticias inquietantes, explican fuentes del caso, hicieron que González y sus más cercanos se dedicaran en las últimas semanas a intentar hacer desaparecer algunos de los documentos comprometedores.

«Ya lo intenté yo»

Los pinchazos a González, al margen de revelar las filtraciones desde estamentos más o menos oficiales, también desvelan la esperanza que tenía el principal imputado de la operación Lezo en el nombramiento, como así fue, de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción, al que consideraba favorable a las tesis del PP y del que confiaba que, en cierta forma, frenara la investigación sobre su ático.

Así lo desveló en una conversación, muy anterior a la designación de Moix, que mantuvo con Eduardo Zaplana. En ese pinchazo, González, muy preocupado por el asunto de su ático en Marbella, le dijo al exministro que sería «cojonudo» poder «colocar» a Moix al frente de Anticorrupción porque era un «tío serio y bueno». «Yo ya lo intenté en su día», le confesó a Zaplana.

Las confidencias de González sobre Moix han inquietado particularmente a la UCO, sobre todo a la luz de lo ocurrido en los últimos días cuando el fiscal jefe Anticorrupción ha intentado vetar, entre otros, uno de los registros claves de la operación Lezo, el de la compañía Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), la filial del Canal de Isabel II en Sudamérica, con el argumento de que las operaciones sospechosas se remontaban a la etapa en que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid.

El veto de Moix al registro que proponían sus subordinados y la UCO siguió hasta la junta de fiscales a pesar, explican fuentes de la investigación, de que tanto los agentes como los fiscales insistieron en que el registro de Innasa se justificaba por la compra en noviembre de 2013 (con González ya como presidente) por parte de esa sociedad del 75% de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. Aquella operación supuso comprar por 21 millones de euros una firma que no valía ni la cuarta parte, amén de suponer un agujero de unos 37,4 millones de euros de las arcas públicas.

Esa operación, recuerdan estos mismos responsables de la UCO, habría supuesto la mayor maniobra de blanqueo de capitales del expresidente de la Comunidad de Madrid en el extranjero y, de no haberse registrado la sede de Innasa, se habría perdido la mejor fuente de información sobre ese inmenso lavado de dinero.