La Rioja

Detienen a Ignacio González por el saqueo de 60 millones de euros en el Canal de Isabel II

  • La Guardia Civil lo sitúa en la cúspide de una «organización criminal» de blanqueo masivo de dinero público en Sudamérica

  • Cristina Cifuentes, que impulsó con su querella el denominado 'caso Lezo', declara por escrito ante el juez Velasco como testigo

No fue una nefasta gestión empresarial, rayana con la negligencia como hasta ahora apuntaba la oposición. Fue, según la Guardia Civil, una medida y «premeditada» operación de «saqueo» de dinero público del Canal de Isabel II para encubrir una inmensa maquinaria de lavado de capitales en Sudamérica. La trama corrupta que supuestamente lideraba el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -detenido ayer junto a once de sus excolaboradores- dejó en el camino un «agujero patrimonial» en la gestora de aguas madrileña cercano a los 60 millones de euros. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y los suyos, además, están investigados por el cobro de comisiones y de financiar de forma irregular al PP. En total, se les imputa ocho delitos: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

La 'operación Lezo', desatada ayer por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, tiene un eje principal, que no único: la fingida ruinosa compra en noviembre de 2013 por parte de los 'testaferros' de González en el Canal de Isabel II (él ya había abandonado la presidencia de la entidad que ostentó entre 2003 y 2012) del 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda.

La UCO entiende que aquella operación -diseñada desde un principio para «descapitalizar» el ente público»- se hizo a través de un complicado entramado financiero dirigido a encubrir que la gran parte del «dinero perdido» iba a volver en el extranjero a los principales implicados de la red de Ignacio González. La compra, que se hizo a través de la filial sudamericana de Canal Inassa, se materializó a través de una sociedad instrumental en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua). El Canal de Isabel II desembolsó a través del banco Royal Bank of Canada, en Suiza, y del Bradesco, portugués, un precio desorbitado por aquella empresa. Según los atestados de la UCO pagó 68 millones de reales brasileños, 21,4 millones de euros al cambio de la época.

Solo un mes después el valor de Emissao en las cuentas del Canal de Isabel II era de 10,6 millones. En 2014 su valor había descendido a 5,4 millones. Y en 2015, Emissao daba pérdidas a la empresa de aguas madrileña por valor de 5,5 millones. O sea, un agujero de 26,9 millones de euros, a los que hay que sumar otros 10,5 millones de balance en rojo de Soluciones Andina. La operación -explican los operativos- había hecho desparecer en tres años unos 37,4 millones de euros de las arcas públicas.

Pero no es la única operación internacional bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias de investigación en 2015 sobre la gestión del Canal de Isabel II, indaga sobre otras dos operaciones de descapitalización encaminadas a encubrir el blanqueo, entre ellas, la adquisición de la sociedad que gestiona el agua de la localidad de Barranquilla. Solo esas tres transacciones «ruinosas» habría supuesto el agujero de 60 millones de euros. Un desfalco que también habría servido para enmascarar el cobro de comisiones del entorno de González a cambio de adjudicaciones amañadas y el supuesto blanqueo de capitales del expresidente y su entorno familiar.

Aunque tanto la oposición en la Comunidad de Madrid como el propio Gobierno regional de Cristina Cifuentes intentaron ayer apuntarse el 'tanto' de haber sido los primeros en denunciar esta trama, lo cierto es que la UCO y Anticorrupción investigaban la gestión del Canal desde 2015. Los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, en julio de 2016 judicializaron las diligencias y presentaron una querella en la Audiencia Nacional. Según fuentes de la investigación, este expediente se ha ido alimentando de la documentación que el equipo de Cifuentes entregó en julio de 2016 a la Fiscalía y los documentos facilitados en marzo la oposición en la Asamblea. Con esos mimbres, el Grupo de Delitos contra la Administración tiene ya una idea aproximada de la envergadura de la red que presuntamente lideraba González. Los investigadores prevén una treintena de imputaciones en este sumario, en el que ayer ya se practicaron doce detenciones, incluida la del expresidente, que pasó la noche en el calabozo a la espera de prestar declaración ante el juez Velasco.

Red de lavado

Las personas claves, entre otras, de esta inmensa red de lavado de capitales, de acuerdo a los atestados de la UCO, son Ildefonso de Miguel, gerente de la sociedad de aguas entre 2004 y 2009; María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal; Pablo González, hermano del expresidente y director de Operaciones y Estrategia de la empresa pública Mercasa; y Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa hasta que en abril de 2016 fue cesado tras aparecer en los 'papeles de Panámá' y actual consejero delegado de 'La Razón'. Se da la circunstancia de que Rodríguez Sobrino fue una de las personas que acompañó a Ignacio González en el viaje a Cartagena de Indias (a solo unos kilómetros de Barranquilla) en 2008 cuando fueron supuestamente espiados.

La Audiencia Nacional tiene previsto cursar dos órdenes de captura para extradición de personas vinculadas con las compras de sociedades en el extranjero: Sebastiao Cristovam, en Brasil, y Diego López Arias, en Colombia.

La 'operación Lezo' incluyó, además, una cuarentena larga de registros, entre ellos a las sedes de la empresa de ingeniería y servicios Auditel y de Urbaser, que pertenece al grupo ACS, de las los agentes de la UCO se llevaron una docena de cajas. También fueron registrados el domicilio del propio González y su despacho profesional. Durante diez horas estuvo presente en la inspección ocular de los agentes en su casa y de forma posterior se trasladó a su oficina en la zona del Parque del Retiro en Madrid. A última hora de ayer tenían previsto llevarlo a la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde pasará la noche. González será puesto a disposición judicial entre hoy y mañana.

Al tiempo, el juez Velasco se desplazó desde la Audiencia Nacional a la sede de la Comunidad de Madrid pasadas las cuatro de la tarde para tomar declaración como testigo durante una hora al consejero de Presidencia y actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido. Tras ello le ha dado en mano a la presidenta Cristina Cifuentes el cuestionario con las preguntas del interrogatorio, quien por el cargo que ostenta puede declarar por escrito como testigo.

De forma previa, en su juzgado tomó declaración a la jefa de gabinete de Cifuentes, Marisa González, al actual director general del Canal Ángel Prieto y al presidente del Grupo Atresmedia, José Crehueras. Los dos primeros ratificaron el expediente sobre las irregularidades del Canal de Isabel II remitido por la Comunidad.

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