La Rioja

El Congreso firma esta semana el acta de defunción de la 'ley mordaza'

Un grupo de manifestantes marcha en Madrid, en junio de 2015, contra la ley mordaza. :: javier soriano / afp
Un grupo de manifestantes marcha en Madrid, en junio de 2015, contra la ley mordaza. :: javier soriano / afp
  • La Cámara dará luz verde a la tramitación de dos proposiciones del PSOE y PNV para reformar la norma

El Congreso firmará el martes el acta de defunción de la 'ley mordaza' solo 20 meses después de ser alumbrada por la entonces mayoría parlamentaria absoluta del PP. La Cámara baja, salvo sorpresa, dará luz verde a la toma en consideración de las proposiciones del PSOE y del PNV para reformar la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Dos textos que, en la práctica, se van a unir para poner punto final a la discutida norma.

Ninguna de las dos iniciativas, admiten fuentes de las dos formaciones proponentes, aspira a convertirse 'per se' en la nueva ley. Tanto socialistas como nacionalistas son conscientes de que sus proposiciones van a recibir una avalancha de enmiendas, que están dispuestos a negociar. El PSOE y el PNV solo pretenden con la tramitación de sus proyectos «forzar» a abrir cuanto antes el debate y la tramitación de la reforma de la 'ley mordaza'. Y, de paso, meter presión al Gobierno -y en particular al ministro Juan Ignacio Zoid- para que aclare hasta dónde está dispuesto a llegar en su promesa de diálogo para modificar el texto que sacó adelante su predecesor, Jorge Fernández, sin siquiera intentar acordarlo con la oposición.

Aunque durante esta semana no ha habido contactos entre los grupos, todos los partidos, a excepción del PP, se han mostrado a favor de acabar con la 'ley mordaza'. Ciudadanos, hasta ahora el más tibio, anunció el viernes que está a favor de la reforma.

La postura de los populares en la votación del martes es una incógnita, si bien los responsables del Ministerio del Interior dan por seguro que la ley tiene los días contados y que es mejor avenirse a acuerdos con la oposición para lograr una «voladura contralada». Zoido ha dicho que está dispuesto a hablar de todo, excepto de la derogación automática de la normativa porque provocaría un vacío legislativo con graves problemas en el día a día.

Los socialistas creen haber salvado ese obstáculo. Su texto, que tampoco dista mucho del propuesto por el PNV, apuesta por cubrir esa 'vacatio legis' con la reactivación momentánea de la 'ley Corcuera', vigente hasta 2011. La proposición que el PSOE presentó el pasado 1 de diciembre propone enterrar la ley que introdujo, entre otros aspectos, las multas de hasta 600.000 euros para los promotores o participantes en protestas en las cercanías de las cámaras parlamentarias; las sanciones por fotografiar a miembros de las fuerzas de seguridad o desobedecer sus órdenes, los registros en lugares públicos o las «expulsiones en caliente» de los inmigrantes.

44 cambios

El PSOE presentó aquella proposición solo dos días después de que el Congreso, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, instara al Ejecutivo a derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El acuerdo, sin embargo, no era vinculante y permitía al Gobierno desentenderse y no dar un solo paso para cambiar el texto.

Los socialistas reconocían que la propuesta era solo un acicate para obligar a la reforma y que su texto solo aspiraba a ser un documento de trabajo para que opinarán todos los grupos, incluido el popular.

En la misma línea fue la proposición que el PNV presentó en enero y que, en esencia, proponía 44 cambios a la 'ley mordaza', entre ellos reformar los apartados de la norma que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen frente al Congreso y Senado cuando «no perturben la seguridad ciudadana». La propuesta nacionalista abogaba además por la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; o la puesta en marcha de un sistema sancionador que tenga en cuenta «la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción».

Zoido alabó el texto del grupo vasco el pasado 1 de marzo en el Senado. Dijo que el Gobierno no está de acuerdo con todos los cambios que plantea el PNV y algunas de sus propuestas «merecen una consideración más detenida», pero insistió en que es «un buen punto de partida».

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