La Rioja

Urkullu pide a Rajoy y a Hollande que se impliquen en el proceso

El lehendakari, Íñigo Urkullu, tras valorar ayer en San Sebastián el anuncio de la banda terrorista. :: efe
El lehendakari, Íñigo Urkullu, tras valorar ayer en San Sebastián el anuncio de la banda terrorista. :: efe
  • El Gobierno vasco ve condiciones para «explorar» la vía planteada por ETA para dejar la entrega en manos de voluntarios

san sebastián. El lehendakari, Íñigo Urkullu, compareció ayer en San Sebastián para efectuar una valoración de urgencia sobre el anuncio de ETA. Durante su intervención reconoció que el Gobierno vasco estaba al tanto de que la organización armada iba a pronunciarse en este sentido y, aunque eludió dar a conocer qué papel jugará su gabinete en el proceso, aprovechó la ocasión para pedir a los Gobiernos español y francés que se impliquen para que el desarme definitivo sea «legal».

El jefe del Ejecutivo autonómico leyó un breve texto en euskera y castellano en el que aseguró que su Gobierno ha estado «directamente informado» de los movimientos en torno a la eventual entrega de las armas pendientes. Una asignatura aún sin cumplir desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia.

El Gobierno vasco ha reiterado en numerosas ocasiones que el plan que planteó desde la secretaría de Paz y Convivencia el 21 de diciembre de 2014, cuando se ofreció a actuar como supervisor del desarme, seguía vigente, aunque no insistiera de manera permanente en ello. Una vez comunicada ayer la intención de desarme, Urkullu insistió, en la misma línea, en ofrecer su colaboración. Aseguró que su equipo «hará todo cuanto esté en su mano» para que el desarme «llegue a buen puerto» y pueda cerrarse el ciclo aún cuando no todo, admitió, esté en su mano.

Las condiciones

El lehendakari concedió total «credibilidad» a las intenciones que la organización oficializó a través de un comunicado en el diario francés 'Le Monde', pero puso unas condiciones: que el proceso sea «unilateral, irreversible, completo y legal». Un término vital éste último para que el Gobierno central reconozca la entrega de armas , aunque Urkullu no explicara cómo garantizarlo.

Lo que sí hizo fue pedir «altura de miras» a los Ejecutivos de Rajoy y de Hollande para que también se impliquen en el proceso, al mismo tiempo que solicitó «canales de comunicación directos» orientados al «logro» de este objetivo de «valor histórico», dijo, para el conjunto de la sociedad vasca.

A su juicio, «se dan condiciones para explorar» la propuesta de ETA de dejar en manos de voluntarios civiles la entrega de las armas. Precisamente, los intermediarios de la banda que buscan acelerar el desarme «en un marco de legalidad» ya plantearon que todas las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés, actúen como una especie de notarios del proceso, además de contar con la labor de los verificadores internacionales, encabezados por Ram Manikkalingam.

Acompañado por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, y del secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, Íñigo Urkullu expuso que la «mejor garantía de seriedad» ahora será preservar la «discreción». Por eso, insistió, en alusión a los Gobiernos de Madrid y París -además de al resto de instituciones y entidades «concernidas»-, en que el proceso se «aleje de la sobreexposición mediática».

Lo cierto es que el anuncio de desarme para dentro de tres semanas no cogió al Ejecutivo de Urkullu con el pie cambiado. Si hace tres años el plan de entrega de armas resultó fallido, el escenario actual para el Gobierno Vasco cuenta con una gran diferencia. Hoy el PNV gobierna en coalición con los socialistas vascos, que avala su posición de que la entrega de armas por parte de ETA se haga de forma legítima y la organización terrorista se disuelva.