La Rioja

Mariano Rajoy, durante su intervención ayer en el congreso del PP en Madrid. :: óscar del pozo
Mariano Rajoy, durante su intervención ayer en el congreso del PP en Madrid. :: óscar del pozo

El Gobierno exige a ETA que demuestre la entrega de las armas y se disuelva

  • Rajoy afirma que si la organización terrorista da esos dos pasos el Ejecutivo «aplicará la ley»

El Gobierno de Mariano Rajoy, fuera por conocimiento o por desdén, ni se inmutó por el anuncio de desarme de ETA. De puertas afuera no dio la menor importancia al gesto, es más, lo consideró insuficiente porque exigió que vaya acompañado de la disolución de la organización terrorista para que tenga alguna traducción legal. Tampoco dio ninguna pista sobre cuál va a ser la actitud de las fuerzas de seguridad durante las tres semanas que va a durar la operación de localización de los arsenales.

«ETA ha decidido, así lo ha dicho, desarmarse unilateralmente. Que lo haga y, de paso, que se disuelva. Y el Gobierno de España lo que hará es lo que ha hecho siempre, aplicar la ley, igual para todos». Esa fue la única mención del jefe del Ejecutivo al anuncio durante su intervención en la inauguración del congreso del PP de Madrid. Dicho esto, apostilló, «no hay más que decir sobre este asunto». Rajoy demostró con esta economía de palabras que no pensaba dedicar más tiempo a comentar una decisión en la que todo son dudas sobre su materialización.

Tampoco se explayó en el asunto el portavoz del Gobierno, que tras la reunión del Consejo de Ministros calificó el anuncio de «filtración» sin visos de nada. Iñigo Méndez de Vigo reclamó «cautela y prudencia» hasta que se clarifique el nuevo escenario, aunque señaló que lo único que tiene que hacer ETA es «desarmarse y disolverse». El ministro indicó que si en estos cinco años y medio desde el cese de la actividad armada el Gobierno no se ha movido un ápice de sus posiciones tampoco va a hacerlo ahora.

Algo más expresivo se mostró el ministro del Interior, que no cambio su agenda por el anuncio de ETA y viajó a Málaga para participar en unas jornadas sobre ciberseguridad. Juan Ignacio Zoido fue algo más allá en las exigencias a la organización terrorista para que el Gobierno dé alguna respuesta en materia penitenciaria. A las conocidas premisas de desarme y disolución, el responsable de seguridad añadió «pedir perdón a las víctimas, pagar las deudas y someterse a la legalidad vigente» mediante la colaboración con los jueces. Cinco exigencias que plantea desde que asumió la cartera de Interior en noviembre pasado. Zoido, no obstante, puntualizó que de todas ellas «la disolución de la organización terrorista sigue siendo el elemento clave».

Se negó a valorar «las posibles escenificaciones» del anuncio porque «el verdadero desarme es el que vienen realizando con notable éxito las fuerzas de seguridad en colaboración con las autoridades francesas». ETA, prosiguió, no puede marcar la agenda como antes porque «hoy es una organización derrotada operativa y policialmente, sin futuro y con un pasado que no vamos a olvidar».

Demasiado tarde

Zoido vino a decir además que la entrega de las armas llega tarde porque los terroristas han tenido «tiempo suficiente para desarmarse» desde la declaración del cese de la actividad armada en octubre de 2011. Si no lo han hecho hasta ahora, subrayó, ha sido «porque pretendía conseguir algo a cambio» y no lo han logrado.

El ministro tocaba sin mencionarlo el único resorte que ETA busca ahora, la flexibilización de la política penitenciaria. Desde su llegada al Gobierno en diciembre de 2001, Rajoy apostó por la firmeza y ahogó la llamada 'vía Nanclares' que había abierto el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba desde el Ministerio del Interior para facilitar la reinserción de presos de ETA arrepentidos. El jefe del Ejecutivo desoyó en los cuatro años de su primera legislatura las demandas de relajación en la dispersión de los más de 300 presos repartidos por 41 centros penitenciarios de la península y el traslado a cárceles próximas al País Vasco que le plantearon el lehendakari Iñigo Urkullu cara a cara en la Moncloa, el PNV desde la tribuna del Congreso y emisarios de la izquierda abertzale por vías interpuestas. Las únicas aproximaciones han beneficiado a un reducido grupo de reclusos terroristas que han roto con la organización.

Rajoy también desoyó la propuesta de Urkullu en 2014 para que el Gobierno vasco supervisase el desarme de ETA. Ni respondió a la oferta, según señalaron fuentes nacionalistas. El jefe del Ejecutivo ha hecho de la inmovilidad en materia penitenciaria el eje de su estrategia antiterrorista, convencido de que ETA cedería ante la presión de sus presos y accedería al desarme y la disolución.