La Rioja

La Fiscalía pedirá al Supremo un aumento de los dos años de inhabilitación de Mas

  • Reclama una pena mayor porque fue condenado por desobediencia pero no por prevaricación

barcelona. La condena de dos años de inhabilitación contra Artur Mas por el 9-N es insuficiente para la Fiscalía Superior de Cataluña, que ayer anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, sumándose a las voces que consideraron muy leve la pena del expresidente catalán.

El Ministerio Público pide un aumento de pena porque entiende que Mas y sus dos exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau también cometieron prevaricación en la organización de la consulta soberanista del 9-N. El Supremo, por tanto, tendrá que resolver los recursos de las dos partes. Las defensas del expresidente de la Generalitat y de las dos exconsejeras reclaman la absolución de sus clientes, mientras que el Ministerio Público pide que también sean condenados por prevaricación.

El lunes pasado, el tribunal dictó sentencia y concluyó que Mas, Ortega y Rigau desobedecieron al Constitucional porque mantuvieron la consulta independentista del 9-N tras la suspensión del Constitucional. Según el fallo, Mas y sus colaboradoras «pervirtieron los principios democráticos» e hicieron «quebrar» la regla básica de sumisión a la ley, imprescindible para una «convivencia pacífica». Sometieron, según los jueces, a una «tensión máxima» a los «valores constitucionales tan esenciales de un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley».

Los dos años de inhabilitación suponen la pena máxima para el delito de desobediencia. En cambio, les absolvió del delito de prevaricación, que es el que implica condenas superiores. Por ello, los diez años de inhabilitación que pedía la Fiscalía para Mas y nueve para Ortega y Rigau se quedaron en dos años para el expresidente y 21 y 18 meses para la exvicepresidenta y la exconsejera de Educación. Los jueces absolvieron a los tres del delito de prevaricación al considerar que la «arbitrariedad» de su decisión de seguir adelante con el 9-N quedó incluida en la desobediencia.

El Ministerio Público justificó su decisión de recurrir el fallo «en coherencia» con la posición que mantuvo la Fiscalía del Supremo en la causa contra Francesc Homs. El diputado del PDeCAT y exconsejero de Presidencia fue juzgado por el Supremo por su actuación en la misma consulta y está acusado de delitos de desobediencia y prevaricación, por lo que podría ser condenado a nueve años de inhabilitación. La Fiscalía, en el recurso de casación, insta al Supremo a que se «pronuncie sobre la concurrencia del delito de prevaricación por el que han sido absueltos» Mas, Ortega y Rigau.