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El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ayer, durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros. :: s. barrenechea / efe
El Gobierno desdeña las denuncias de intimidación en la lucha de la corrupción

El Gobierno desdeña las denuncias de intimidación en la lucha de la corrupción

Iñigo Méndez de Vigo pide «contención» a los fiscales en sus declaraciones e insta a acudir a la policía en caso de sufrir presiones

PAULA DE LAS HERAS

Sábado, 25 de febrero 2017, 00:41

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El Gobierno no entiende que sea preciso hacer nada distinto de lo que se viene haciendo hasta ahora para proteger de acosos e intimidaciones a los fiscales y funcionarios encargados de la lucha contra la corrupción . Un día después de que el ya ex fiscal superior de Murcia denunciara que, tanto él como sus compañeros, han sido objeto de ataques de procedencia algo difícil de determinar, pero que hacen aún más complicada su labor, el portavoz del Ejecutivo no sólo minimizó el lamento sino que conminó a los fiscales a tener «contención» en sus declaraciones.

Iñigo Méndez de Vigo argumentó, en línea con lo que ya había replicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el día anterior (cuando aún no conocía todos los detalles de la denuncia), que lo que tienen que hacer aquellos que reciben presiones o son víctimas de conductas delictivas para condicionar sus investigaciones es ponerlo en conocimiento de sus superiores y de las fuerzas de seguridad del Estado, que «cumplen con lo establecido por la ley».

En realidad, el fiscal murciano Manuel López Bernal dejó claro el jueves que él siempre ha puesto en conocimiento de los sucesivos fiscales generales del Estado las presiones sufridas y matizó que en todo momento ha encontrado «comprensión» por su parte. También dejó claro que el problema no estaba en que la polícía no quisiera investigar sino más bien en que la legislación actual hace difícil emprender actuaciones en estos casos. El suyo fue una suerte de grito de socorro. «Si no se soslaya el problema, nos podremos encontrar en los próximos años con que nadie quiere luchar contra la corrupción», llegó a decir.

Entre las intimidaciones a las que hizo referencia, están la denuncia que le ha planteado una asociación de Madrid creada, según dijo, para perseguirle por una tala de pinos supuestamente protegidos hace 32 años. Pero también el asalto al domicilio del fiscal anticorrupción de Murcia y el robo de un ordenador que contenía información de los casos que investigaba y en los que estan imputados exaltos cargos del gobierno autonómico y local.

«Vivir con ello»

El fiscal del 'caso Nóos', Pedro Horrach, también aseguró ayer, en sendas entrevistas en la Ser y en RNE, que en las investigaciones de corrupción las presiones suceden «muy a menudo» y más aún en comunidades pequeñas como Murcia o como la suya, Baleares, donde la acción de los fiscales no queda tan «difuminada» como en las grandes ciudades. Horrach habló de «cartas de tipo amenazante», con insultos contra él y contra su familia. Pero, a diferencia de López Bernal, trató de quitarles hierro. «Hay que aprender a convivir con ello», dijo.

Todo este asunto ha quedado, en realidad, muy embarrado por el hecho de que el murciano sea uno de los miembros de la cúpula fiscal que han sido relevados de su cargo en la renovación propuesta al Consejo de Ministros por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Una renovación muy criticada por la oposición, pero especialmente por el PSOE que, en su nueva estrategia de oposición férrea al PP para neutralizar la imagen de connivencia de la que acusan a la gestora los críticos capitaneados por el exsecretario general Pedro Sánchez, ha llegado a calificar de «purga» la sustitución de siete fiscales de la treintena que ya habían agotado su mandato (el resto han sido confirmados).

Se da la circunstancia de que López Bernal era el fiscal en el 'caso Auditorio' contra el presidente de Murcia y líder del PP regional, Pedro Antonio Sánchez. Pero su sustituto, José Luis Manzaneda, fue quien impulsó originalmente la denuncia y ya ha avanzado que probablemente dejará que su antecesor siga en la causa. Sin embargo, esto no ha impedido el tono bronco del PSOE ni el desdén del Ejecutivo.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acusó ayer al Gobierno de Rajoy de «eliminar fiscales incómodos» y de cometer un «atropello al Estado de Derecho» y, en una entrevista en Canal Sur, defendió que debe dar explicaciones «urgentes» en el Congreso. «No nos podemos permitir bajo ningún concepto mirar para otro lado», dijo.

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