Secciones
Servicios
Destacamos
P. DE LAS HERAS
Miércoles, 22 de febrero 2017, 00:43
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Madrid. Hubo un tiempo en el que los jueces españoles podían juzgar delitos tipificados en derecho internacional como genocidio, terrorismo, piratería, torturas o tráfico de personas aunque hubieran sido cometidos fuera España e independientemente de que sus presuntos autores fueran españoles o extranjeros. En 2009, el PSOE -junto a PP, CiU y PNV- puso algunos limites a la aplicación de esa norma. Y en 2014, en solitario y por la vía de urgencia, los populares la restringieron aún más. Ahora, el Congreso ha iniciado el camino de vuelta al modelo socialista.
Esquerra Republicana de Catalunya defendió ayer en el pleno una proposición de ley en la que aboga, a grandes rasgos, por volver a los planteamientos previos a 2009; los que permitieron, por ejemplo, el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Es lo que querrían también otras fuerzas como Podemos o los nacionalistas vascos, pero por «pragmatismo» se conformarán simplemente con desmantelar la reforma del PP.
La iniciativa de Esquerra no podrá salir adelante sin los votos del PSOE, la segunda fuerza de la Cámara baja, y los socialistas no están dispuestos a derogar su obra. La reforma que ellos llevaron a cabo -en coincidencia con el conflicto diplomático que se abrió con Israel por la decisión del juez Fernando Andreu de imputar un delito contra la humanidadal ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes- limitó la competencia de la Audiencia Nacional a delitos contra la humanidad cometidos en el exterior a casos en los que los acusados se encontraran en España, en los que alguna de las víctimas tuviera nacionalidad española o existiese algún vínculo de «conexión relevante» con España.
Eso es probablemente lo que se aprobará en los próximos meses tras el debate que se abrirá en la Comisión de Justicia, en contra del criterio del PP. La reforma del partido del Gobierno, aún más restrictiva, obligó, por ejemplo, al archivo de casos como el de los militares estadounidenses acusados de la muerte del cámara de televisión José Couso o el genocidio del Tíbet.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El juzgado perdona una deuda de 2,6 millones a un empresario con 10 hijos
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.