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La infanta Cristina, en primer término ante Iñaki Urdangarin.
El tribunal dinamita gran parte de la acusación contra Urdangarin y exculpa a la infanta

El tribunal dinamita gran parte de la acusación contra Urdangarin y exculpa a la infanta

La sentencia niega que Nóos actuara siempre con ánimo de saquear a las administraciones y descarta irregularidades en los actos de Valencia

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 18 de febrero 2017, 00:09

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La sentencia más esperada de la historia judicial española escondía una sorpresa de calado. No estaba referida a la suerte de la infanta Cristina, cuya absolución no sorprendió a casi nadie, el fallo de la Audiencia Provincial de Palma de 741 páginas y trabajado durante ocho meses dinamitó buena parte de las acusaciones que pesaban contra Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres en el 'caso Nóos'.

La resolución redactada por la magistrada Samantha Romero, muy favorable para todos los imputados, desmonta pieza por pieza la teoría tejida durante años por la Fiscalía Anticorrupción de que el cuñado del Rey y el exprofesor de la escuela de negocios Esade crearon una falsa institución sin ánimo de lucro, Nóos, con el fin único de saquear a cuanta administración pública se les pusieran por delante. Nóos, zanja el tribunal, realizó los eventos de Baleares (con alguna irregularidad porque Jaume Matas hizo los contratos), pero los de Valencia los hizo con éxito y a un precio de mercado.

Con esas premisas, reduce de 6,3 millones de euros a 445.000 el dinero malversado y por ello adelgaza las penas a los dirigentes de Nóos y Matas, los únicos de los 17 imputados con castigo de cárcel no conmutable por multas. Los cinco miembros de la denominada trama valenciana son exonerados por completo y los cuatro la red balear salen con castigos muy leves que no comportarán el ingreso en prisión. Una indulgencia motivada por su confesión y su conversión en 'arrepentidos', que podría incluso haberles salvado de la quema. Al final solo siete de los 17 encausados han sido condenados, algo inaudito en los tribunales baleares, muy beligerantes con la corrupción y que tienen querencia histórica a dictar penas muy cercanas a la peticiones fiscales.

Cristina de Borbón fue exculpada casi por completo. El tribunal hizo suya la tesis que siempre sostuvo la hermana de Felipe VI de que ella jamás estuvo al tanto de los tejemanejes fiscales que su marido hacía a través de Aizoon. Que esa compañía era gestionada únicamente por Urdangarin como administrador único y que ella, como simple socia, nunca supo que su pareja utilizó la empresa para defraudar en su declaración de IRPF, 174.575,07 euros en el ejercicio de 2007 y 152.350,69 euros en el de 2008. Las tres magistradas de la Sección Primera no ven ni rastro de la «cooperación necesaria» de la infanta en los delitos contra Hacienda por los que Manos Limpias pedía ocho años de cárcel. Ella, como la mujer de Torres, que también sale exonerada, «desconocía la existencia de los ilícitos penales» de su marido, y en consecuencia, según el fallo, en ningún caso pudo «participar en la ejecución» de esos ilícitos.

«Gastos familiares»

La hermana del Rey no tomó parte en esos delitos, pero sí que se benefició. Cristina de Borbón, constata el fallo, endosó a la tarjeta bancaria de Aizoon «gastos familiares hasta la cuantía de 265.088 euros», la cantidad que el tribunal ahora le ordena devolver en forma de multa. Pero en realidad, a la infanta la justicia le debe dinero porque ya ingresó en la cuenta del juzgado los 587.000 euros que le reclamó el fiscal Pedro Horrrach como partícipe a título lucrativo de los delitos de su marido.

El dinero que recuperará la infanta se quedará ahí. El fallo también condena a Manos Limpias a pagar las costas íntegras de la defensa de la exduquesa en este proceso, pero es muy improbable, casi imposible, que el pseudosindicato en vías de extinción tenga dinero para afrontar esa penalización económica. La absolución de la hermana del jefe del Estado es además firme porque Manos Limpias no tiene intención, ni medios, para recurrir su exculpación en casación ante el Supremo.

Tiró de «privilegios»

La hija de don Juan Carlos sale, al margen de esa multa, muy bien parada de este proceso. Pero tampoco a su marido le ha ido mal, dado que se enfrentaba a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía de 19 años y medio. Al final, Urdangarin es condenado a seis años y tres meses de prisión; siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.553,68 euros. Los delitos son prevaricación en concurso medial con falsedad en documento público y malversación de caudales públicos; un delito de fraude a la Administración Pública; otro de tráfico de influencias; y dos más contra la Hacienda Pública. La pena es la tercera parte de la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción porque, fundamentalmente, el tribunal no ve que Nóos, sobre todo en el caso de Valencia, se dedicara a la prevaricación por sistema.

El tribunal ha aplicado a Urdangarin todos los eximentes y atenuantes posibles hasta llevar las penas al menor grado aplicable. El castigo, aunque haya sido mucho menor que lo que esperaba la Fiscalía, puede llevarle a la cárcel de manera inmediata si Anticorrupción reclama su encarcelamiento preventivo.

Lo que sí deja clara la sentencia es que Urdangarin tiró de libro de familia para conseguir contratos y que se sirvió de su «privilegiado posicionamiento institucional» por su «proximidad a la Jefatura del Estado» para ejercer «una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades» en Baleares.

También a un paso de la cárcel podría estar Diego Torres, pero no tanto por su labor en Nóos, que también, sino por lo que hizo fuera de la institución con el dinero que obtuvo. Su pena de ocho años y seis meses es la más alta de todos los procesados, algo que él aseguraba que aceptaría de buen grado a cambio de que su mujer no acabase en la cárcel.

Sus delitos son prácticamente los mismos que los de Urdangarin, pero con una diferencia sustancial, el blanqueo. La sentencia considera probado que el exprofesor «a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y en el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada al erario público, transformándola, para retornarla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondos, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad».

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