La Rioja

La Fiscalía del Supremo avaló que no se investigara a Sánchez por la trama 'Púnica'

  • El juez Velasco está «molesto» por corregir el criterio a las dos fiscales del caso, que también apreciaron delito

La negativa de la Fiscalía Anticorrupción a investigar al presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, en la trama 'Púnica' fue una decisión tomada en la Fiscalía General del Estado tras consultar con su unidad en el Tribunal Supremo, según confirmaron fuentes jurídicas a este periódico.

La decisión de la cúpula fiscal de no apoyar la exposición razonada enviada por el juez instructor del caso, Eloy Velasco, al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, órgano competente para abrir una causa al presidente autonómico, fue ratificada en el informe presentado ante el juzgado de la Audiencia Nacional por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, jefa interina a la espera del nombramiento del fiscal jefe tras la renuncia de Antonio Salinas en octubre pasado.

Dicho informe no ve motivos para actuar contra Sánchez por el supuesto trabajo de reputación online que el 'conseguidor' de la trama 'Púnica', el empresario Alejandro de Pedro, tenía prevista realizar al entonces consejero de Educación del Gobierno de Murcia. Unas tareas valoradas en 4.600 euros al mes (36.800 euros en total) que buscaban mejorar su imagen para la lucha en el PP murciano para ser el candidato a la presidencia de la comunidad.

Proyecto enmascarado

El proyecto de imagen hallado en los registros de la operación señalaba que los trabajos, cuyo coste se pretendían enmascarar en tareas de la Consejería de Educación, se iban a desarrollar entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. Sin embargo, al final no se llevaron a cabo porque la 'operación Púnica', la «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a varias comunidades, según el juez, estalló en octubre de 2014.

Que los trabajos no se ejecutaran sirvió a la Fiscalía del Supremo y a Anticorrupción para no apreciar delito porque «no supuso coste alguno a las arcas públicas». En cambio, el juez sostuvo en su auto que el mero hecho de concertarse para amañar un contrato es delictivo.

Este cambio de criterio causó «malestar» en el magistrado de la Audiencia Nacional, habida cuenta de que las fiscales anticorrupción, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, apoyaban investigar al presidente murciano. El caso es que ellas no firmaron el informe que rechazaba investigar a Sánchez, lo hizo su jefa, Belén Suárez, que cumplió la orden dada por la Fiscalía General a través de su Secretaría Técnica.

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