La exconsejera de Camps condenada en 'Gürtel' seguirá libre si paga 15.000 euros

La exconsejera del Gobierno presidido por Francisco Camps fue condenada por los delitos de prevaricación administrativa, malversación y cohecho pasivo. Sin embargo, pese a la gravedad de la pena, la sala entendió ayer que no se dan las circunstancias de los cabecillas de la red corrupta para decretar prisión provisional y sin fianza sin esperar a que la sentencia sea firme en el Tribunal Supremo. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'el Bigotes', fueron condenados a entre 12 y 13 años de prisión en esta misma causa.

En el caso de Milagrosa Martínez, también conocida como 'la Perla', la sala consideró que no tiene otros procedimientos pendientes, que el riesgo de fuga «se ha disipado» y que no le constan «especiales medios de fortuna ni intereses fuera de nuestro territorio nacional». En caso de pagar la fianza, la condenada deberá comparecer dos veces al mes ante el tribunal, no podrá salir de España y se le retirará el pasaporte.

«No hubo enriquecimiento»

Los magistrados destacaron la «participación activa en la importante defraudación de fondos públicos objetos de las actuaciones, así como la manipulación del procedimiento de contratación pública», pero señalaron que «no nos constan que de ello se haya podido derivar un enriquecimiento personal» salvo el reloj con el que fue obsequiada por la trama 'Gürtel'. Respecto a este regalo, la sala explicó que «su valor resulta totalmente desproporcionado (2.400 euros) con el monto total de lo defraudado, que hace pensar en un cierto agradecimiento de los miembros de la trama, pero no desde luego, que fuera el fin propuesto con su actuación».

A la salida del tribunal, la condenada no hizo declaraciones, pero su abogado afirmó que van a intentar reunir el dinero en estos cinco días pese a que su cliente «no tiene nada».

La sala acordó la libertad provisional sin fianza del exjefe de gabinete de la exconsejera, Rafael Betoret, condenado a seis años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, se le impuso la obligación de comparecer una vez al mes ante el tribunal, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.

Con estas medidas, entienden los magistrados, queda conjurado el riesgo de fuga ya que «es cierto que ha recaído una condena en su contra, mas no se nos ha llegado a exponer suficiente razón de peso que haga temer por su parte en un intento de evasión, más que el genérico temor a la pena».

Los mismos argumentos utiliza el Tribunal Superior de Valencia para decretar liberad provisional al exjefe de mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, y a los técnicos Jorge Guarro y Ana Grau.