La Rioja

El Constitucional suspende la hoja de ruta hacia el referéndum de Puigdemont

El presidente Carles Puigdemont y la consellera y portavoz Neus Munté, ayer, ante de su reunión semanal del Govern. :: a. Dalmau / efe
El presidente Carles Puigdemont y la consellera y portavoz Neus Munté, ayer, ante de su reunión semanal del Govern. :: a. Dalmau / efe
  • La Generalitat replica que ningún tribunal parará su voluntad de celebrar una consulta secesionista este año

barcelona. El pleito catalán entró ayer en lo que Artur Mas definió como «rumbo de colisión». El compromiso de Carles Puigdemont de convocar un referéndum sobre la independencia en septiembre de este año sufrió un duro golpe después de que el Tribunal Constitucional anulara dos resoluciones aprobadas por la Cámara catalana el pasado 6 de octubre, en las que Junts pel Sí y la CUP acordaron las bases para la celebración de la consulta.

En ese debate de política general, los independentistas proclamaron el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación», instaron al Gobierno autonómico a la «celebración de un referéndum vinculante, a más tardar en septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria» y se conjuraron para «activar todos los dispositivos legislativos para llevar a cabo la votación». Una hoja de ruta que Puigdemont resumió como «referéndum o referéndum», es decir, tenga o no el visto bueno del Gobierno central y que prevé, en caso de victoria del sí, la proclamación de la república catalana, elecciones hasta seis meses después de la consulta y la apertura de un proceso constituyente.

Las fuerzas de la oposición se negaron a votar estas resoluciones en el debate parlamentario porque consideraron que emanaban de la declaración de inicio del proceso hacia la independencia, aprobada por el Parlamento catalán el 9 de noviembre de 2015 y anulada después por el Constitucional.

El alto tribunal también instó ayer a la Fiscalía a que actúe penalmente contra la presidenta de la Cámara catalana por un supuesto delito de desobediencia por haber permitido la votación y debate de las resoluciones del pasado mes de octubre sobre el referéndum, a pesar de las advertencias que el mismo Constitucional había hecho.

Se trata de la segunda causa contra Carme Forcadell, que tiene una querella abierta por desobediencia al permitir la votación y debate de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente cuando estaban suspendidas. Forcadell declaró el pasado 16 de diciembre como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde podría ser juzgada y si acaso condenada, lo que aceleraría el proceso secesionista. El Constitucional, además, dejó en manos de la Fiscalía la decisión de actuar también penalmente contra el resto de los miembros soberanistas de la mesa de la Cámara catalana: Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (PDeCAT), Joan Josep Nuet (Catalunya sí que es Pot) y Ramona Barrufet (PDeCAT). La corte de garantías decidió asimismo notificar personalmente el auto al presidente de la Generalitat y a los miembros de su Gobierno, a la presidenta del Parlamento, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara.

El Constitucional les advierte de «abstenerse de realizar cualquier actuación que dé cumplimiento» a la resolución anulada y les recuerda su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados». Les avisa asimismo de que si ignoran la anulación pueden incurrir en responsabilidades penales.

El momento de la verdad

La advertencia recae sobre todo sobre Puigdemont y Junqueras que tienen que firmar la convocatoria de la consulta, y sobre Forcadell, en relación a la ley de transitoriedad jurídica, que debe dar amparo legal al referéndum. Los secesionistas, no obstante, podrían tener un clavo al que agarrarse, ya que en el pleno en que se aprobaron las resoluciones ahora anuladas también se dio luz verde a otro texto, validado con los votos de Junts pel Sí y Catalunya sí que es Pot, en el que se instó a celebrar un referéndum pactado. El texto no fue impugnado y podría servir de amparo para avanzar en la preparación de la votación. Aun así, el secesionismo está convencido de que se acerca el momento de la verdad, en el que tiene que forzar un gran acto de ruptura, como será la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, una declaración de independencia de facto.

De hecho, el Gobierno catalán, poco después de conocer la resolución del Constitucional, afirmó que «nada parará nuestra voluntad inequívoca de celebrar un referéndum». «Ninguna resolución de ningún tribunal» puede impedir un «planteamiento tan sólido y tan democrático como es hacer un referéndum, y menos cuando consta de una mayoría parlamentaria y social», señaló la portavoz, Neus Munté.

La presidenta de la Cámara catalana, por su parte, afirmó que el «único diálogo» que ofrece el Estado es «con los tribunales». «A pesar de todo, continuaremos defendiendo la libertad y el derecho de iniciativa de los diputados», dijo.