La Rioja

Errejón, ayer, antes de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados. :: s. Barrenechea / efe
Errejón, ayer, antes de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados. :: s. Barrenechea / efe

El Congreso abre la puerta a prohibir los indultos a los políticos corruptos

  • La Cámara prueba sin votos en contra tramitar la proposición de ley socialista que también obligará a justificar las medidas de gracia

Unanimidad en el Parlamento para acabar con los indultos a los corruptos y a los condenados por violencia de género. El Congreso aprobó dar luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada por el PSOE para reformar la vetusta Ley de Reglas para el Ejercicio de la Gracia de Indulto, en vigor desde 1870 y retocada con leves modificaciones en 1988.

La principal novedad del texto presentado por el Grupo Socialista y que ayer comenzó su andadura parlamentaria es la prohibición de los indultos «totales o parciales» cuando se trate de «delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero». En ese mismo artículo se vetan las medidas de gracias a los reos de «delitos relacionados con la violencia de género».

La propuesta también incluye una demanda recurrente del Tribunal Supremo para que el Consejo de Ministros razone las causas de los indultos que concede y dé detalles del caso, algo que nunca hace el Gobierno, que se limita a publicar en el Boletín Oficial del Estado los perdones aprobados. La reforma socialista insiste en que se considerará «nulo» y no «producirá efecto alguno» el indulto en el que no se explique con detalle la pena en la que recae la gracia, el delito cometido, el tiempo ya cumplido de condena, el origen de la petición de perdón, y, sobre todo, «la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado la concesión» de la gracia.

La necesidad de motivar el indulto existía en la ley original, pero fue suprimida por los propios socialistas en la reforma de 1988, que fue la que abrió la puerta a que el Gobierno pudiera conceder perdones a discreción recurriendo a la genérica y opaca alegación a razones de «justicia, equidad y utilidad pública».

Además, la nueva norma prevé dar un papel relevante al tribunal sentenciador, que hasta ahora no tenía ninguna intervención en el proceso para otorgar el perdón. Es más, ni siquiera se le escuchaba. Ahora, el magistrado o el tribunal que condenó al reo deberá emitir un informe en el que certifique que existen esas «razones de justicia, equidad, utilidad pública» para poder otorgar el indulto.

El apoyo a la tramitación de este proyecto de ley, aunque unánime, tuvo matices y se barrunta ya una buena cantidad de enmiendas. Los más críticos fueron los portavoces de Podemos y el PP. Por la formación morada, Íñigo Errejón apuntó que el texto es «claramente insuficiente» ya que la prohibición de indultos solo afecta a funcionarios y cargos públicos, pero no a particulares, con lo que cabría que continuasen los polémicos perdones a banqueros. Además, afeó que el proyecto no recoja la eliminación del indulto por delitos ecológicos o urbanísticos.

«Más graves»

Rafael Hernando, por el Grupo Popular, lamentó que la reforma se centre exclusivamente en los ilícitos de corrupción cuando «otros delitos más graves sí que podrían verse beneficiados por el indulto». El portavoz popular afirmó que la reforma del derecho de gracia «tendría que analizarse en su conjunto».

Los populares votaron a favor de la proposición de ley socialista a pesar de que es prácticamente idéntica a otra que también presentó el PSOE y que la mayoría parlamentaria absoluta del PP tumbó en mayo de 2015. Entonces, el portavoz del PP, el exjefe de la Abogacía del Estado Arturo García Tizón, admitió que esta reforma legal requería que se incluyera incluso la exclusión de delitos de corrupción, pero rechazó entonces apoyar la proposición socialista por considerarla «oportunista» y porque, según él, solo buscaba réditos políticos.

Ayer, García Tizón, que fue de nuevo el encargado de defender la posición de su grupo en el pleno, no habló de oportunismos, pero dejó claro que el PP va a intentar introducir una buena cantidad de enmiendas al texto. El diputado dijo que se trata de una reforma «incompleta y escasa». «¿Acaso el PSOE estima que cabe el indulto para delitos de terrorismo, crimen organizado, pederastia o violencia sobre menores? ¿No tienen estos delitos un rechazo social como los de corrupción y violencia de genero?», se preguntó el diputado, al tiempo que insistió que en la actualidad no existe alarma social por los indultos concedidos por el Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy.