La Rioja

El juez de 'Púnica' implica al presidente murciano por fraude y cohecho

  • La Fiscalía se opone a que el Tribunal Superior investigue a Pedro Antonio Sánchez pese a los indicios delictivos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama 'Púnica', la «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a administraciones de varias comunidades, dirigió ayer el procedimiento contra el presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información privilegiada.

El magistrado también acusó a la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro y a otras 20 personas. Tanto Sánchez como Barreiro son aforados, por lo que será el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Tribunal Supremo, respectivamente, quienes decidan sobre su investigación. En el caso del presidente murciano, la Fiscalía Anticorrupción rechazó abrir una causa penal poco después de conocer el auto.

El instructor Velasco atribuyó al dirigente autonómico del PP los citados delitos por supuestamente concertarse con el empresario Alejandro de Pedro, presunto 'conseguidor' de la trama corrupta, para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de Murcia, que Sánchez dirigió en 2014 antes de ser presidente. La finalidad era realizar trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para mejorar la imagen del político mientras se postulaba a la presidencia regional. Unas tareas que «serían facturadas bajo conceptos relacionados con la formación» y que incluirían también la retribución por los trabajos de reputación online realizados a la senadora Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.

Para tal fin, explica el juez en el auto, se valoraron los trabajos en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000, más los 1.600 euros que cobraría un periodista y la creación de un portal de Educación que ocultaría el coste de los trabajos de imagen para Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro. La duración de los servicios sería de siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, pero finalmente no se llegaron a ejecutar al explotar antes la 'operación Púnica', a finales de octubre de 2014.

«Sin perjuicio público»

Pese a que el juez Velasco considera que el hecho de concertarse para amañar ya es delictivo, la Fiscalía Anticorrupción señaló que no existen indicios contra Sánchez e informó de forma negativa sobre la exposición razonada enviada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En una breve nota, alegó que los contratos de reputación online «no llegaron a ejecutarse y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».

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