La Rioja

La Fiscalía mantiene los diez años de inhabilitación para Mas por el 9-N

  • Las acusaciones populares rebajan sus solicitudes de pena para el expresidente catalán y sus dos exconsejeras

Cuatro días de juicio por el 9-N, en los que han declarado una cuarentena de testigos, no han servido para que la Fiscalía se mueva de su posición inicial. El Ministerio Público ratificó ayer y elevó a definitiva su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación, y nueve años para Joana Ortega e Irene Rigau como cooperadoras necesarias. La acusación popular, en cambio, retiró la acusación por malversación y reclamó penas de diez años de inhabilitación por los mismos delitos.

El juicio quedará hoy visto para sentencia una vez que la Fiscalía, la acusación popular y la defensa presenten sus informes finales y los tres acusados hagan uso de su derecho a la última palabra. Mas confirmó que hará el alegato final, donde se espera que recurra al discurso épico e insista en que fue el responsable político del 9-N, pero que no incurrió en ningún delito. «Aprovecharé para hacer una valoración de todo. Será mi momento para explicarme en libertad», afirmó el expresidente de la Generalitat, que ha recibido críticas desde todos los frentes, también desde el independentismo, donde sectores de la CUP le han llamado hasta «traidor» por mantener un doble discurso. Finalizado el juicio, Mas, Ortega y Rigau serán recibidos por Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled sostiene que los tres acusados urdieron una estrategia de «desafío completo y efectivo a la suspensión» de la consulta del 9-N, siendo «plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento de las órdenes del Tribunal Constitucional».

Sánchez Ulled afirmó que tiene documentos «magníficos» que demuestran esta teoría. Entre otros, la única prueba pericial del juicio, un informe de la Guardia Civil sobre el programa informático empleado en la votación. Los dos agentes que declararon ayer contradijeron al coordinador del 9-N, Joan Cañada, que aseguró el martes que era «técnicamente imposible» desactivar la web de la consulta tras la suspensión. Los dos policías aseguraron además que, al analizar el programa que la empresa T-Systems creó para la consulta, detectaron que hubo «cargas de ficheros» en el programa el 4, 7 y 9 de noviembre, por tanto, después de la suspensión del Tribunal Constitucional.

El fiscal cree que Mas y sus colaboradores ignoraron dicha anulación, continuaron con los preparativos y se limitaron a simular que dejaban la votación en manos de los voluntarios. La tesis de la defensa sostiene en cambio que la consulta ya estaba preparada para el 4 y que a partir de ahí la organización corrió a cargo de los voluntarios.

Los voluntarios

Una decena de testigos de la defensa apuntalaron ayer esta línea argumental. Exculparon al Gobierno catalán y aseguraron que el día de la votación no vieron a ningún funcionario en los colegios electorales. Así, la alcaldesa de Vilanant (Gerona), Anna Palet, relató que, «como voluntaria», se encargó de abrir el local de votación, un inmueble del ayuntamiento. La exdiputada de ERC en el Parlamento catalán, Gemma Calvet, aseguró que actuó como voluntaria y su función fue acompañar a los observadores internacionales.

Carles Fernández, que fue jefe de prensa de la exvicepresidenta de la Generalitat, mantuvo que después de la suspensión del Constitucional se le transmitió que debía comunicar que el Gobierno «dejaba de tomar participación activa». Explicó además que el día de la consulta los datos que ofreció la vicepresidenta Joana Ortega se los proporcionaron los voluntarios.

246mil euros es la multa que ha impuesto la Agencia de Protección de Datos a la ANC y a Ómnium Cultural por la llamada 'gigaencuesta', un sondeo realizado en un millón de hogares por 30.000 voluntarios para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el 9-N. La agencia consideró que se trató de un uso de datos personales con finalidades ideológicas.

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