La Rioja

Francesc Homs, ayer, a su salida del TSJC tras declarar como testigo en la causa del 9-N. :: toni albir / efe
Francesc Homs, ayer, a su salida del TSJC tras declarar como testigo en la causa del 9-N. :: toni albir / efe

Homs carga con la culpa de seguir hasta el final en el 9-N porque todo era legal

  • Los testigos de la defensa insisten en que el Constitucional no respondió a la petición de aclaración de la Generalitat

La Generalitat decidió ir hasta el final en la celebración del 9-N, a pesar de que el Constitucional suspendió la votación cinco días antes, porque consideró que el llamado proceso participativo, que sustituyó a la consulta original, era legal y no incurría ni en irregularidades, ni mucho menos en delitos. Este fue el criterio que impuso Francesc Homs, ahora portavoz de PDeCAT en el Congreso y entonces consejero de la Presidencia, mano derecha de Mas y pieza clave en la organización del sucedáneo de consulta porque de él dependían los servicios jurídicos del Gobierno catalán.

Homs testificó ayer en la tercera jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, en la que asumió la responsabilidad política de la decisión de ignorar la suspensión decretada por el alto tribunal. «No fui un mero transmisor» del dictamen de los servicios jurídicos de la Generalitat, «yo configuré la decisión final», afirmó Homs en un sacrificado capotazo a los tres acusados, pero sobre todo a Mas.

El diputado nacionalista, que fue uno de los ponentes del Estatuto de 2006 y que ha sido uno de los principales ideólogos del proceso soberanista catalán, trasladó al Ejecutivo catalán que la consulta podía seguir adelante después de la suspensión decretada por el Constitucional el 4 de noviembre.

A su juicio y tras consultar a expertos jurídicos de dentro y fuera del Ejecutivo autonómico, la Generalitat no estaba incurriendo en «ningún tipo penal» y no estaba cometiendo un delito de desobediencia. «Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Gobierno de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en ningún un tipo penal», aseguró.

El mismo día que el Constitucional dictó la providencia que suspendía el proceso participativo, Homs afirmó en un comparecencia pública: «Mantenemos el proceso participativo». El exconsejero recordó ayer la anécdota para ilustrar que ni se escondieron en su día de nada ni lo hacen ahora.

En consonancia con la línea de defensa que mantienen los acusados, argumentó que el proceso participativo «no hubiera sido posible sin los voluntarios», apuntó que la junta de fiscales de Cataluña «ratificó el 17 de noviembre de 2014 que no estábamos incurriendo en tipo penal alguno» y que la suspensión del Constitucional no incluía un requerimiento con la advertencia de las consecuencias de no obedecer la orden, un dato clave a la hora de determinar si hay delito de desobediencia.

Qué se podía hacer

En cualquier caso, el argumento que Homs considera de más peso para demostrar la inocencia de sus tres excompañeros de gabinete es que tras la suspensión del 9-N, la Generalitat envió un requerimiento al tribunal para que aclarara el alcance de la anulación y nunca respondió. «Queríamos saber -dijo el parlamentario convergente- qué actos del proceso participativo quedaban expresamente prohibidos. No es menor, ni baladí ni neutro», respondió a preguntas de los abogados de la defensa. «La suspensión era inconcreta», remató.

En esta mima línea se expresó Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Constitucional, actual alto cargo de la Generalitat, arquitecto del proceso de desconexión y autor de la ley de transitoriedad jurídica con la que Carles Puigdemont quiere celebrar un referéndum en septiembre. Como responsable del Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano que creó Mas, apuntó que no estaba claro qué se suspendía y qué no en la providencia del 4 de noviembre. «Estábamos ante un hecho insólito, nunca se había suspendido una consulta y no estaba claro qué no podíamos hacer», señaló. Por ejemplo, apuntó, «queríamos saber si se podía mantener el dispositivo de seguridad de los Mossos». O la rueda de prensa del día 9, según Homs.

Después de que los testigos solicitados por la Fiscalía apuntaran el martes que el Ejecutivo catalán no frenó la consulta tras la suspensión del Constitucional y que siguió con los preparativos, a pesar de que oficialmente corrían a cargo de los voluntarios, los testigos de las defensas apuntalaron ayer los argumentos de Mas, Ortega y Rigau.

Es el caso de el expresidente de la Cámara catalana, Joan Rigol, que destacó el papel «fundamental» que los voluntarios tuvieron en el proceso participativo.