La Rioja

El Ejecutivo lleva al Constitucional su conflicto con el Congreso por los vetos

  • Alega que tiene el derecho «constitucional» de frenar las iniciativas legislativas que descuadran las cuentas

Madrid. Mariano Rajoy no está dispuesto a renunciar a su arma más efectiva para evitar que la oposición ponga a su Gobierno contra las cuerdas cada semana en el Parlamento. El Consejo de Ministro acordó ayer presentar ante el Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso por ignorar sus vetos a proyectos legislativos que afectan al cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

El Ejecutivo ha vetado hasta ahora 17 proposiciones de ley de grupos de la oposición y en dos casos la Mesa de la Cámara baja, en la que el PP está en minoría, los ha ignorado y ha dado luz verde para que se debatan. Se trata del calendario para la paralización de la implantación de la Lomce y una reforma del Estatuto de los Trabajadores que afecta a las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas subcontratadas.

El Gobierno argumenta que está en su «derecho constitucional» de impedir que se tramiten las iniciativas que merman los ingresos o aumentan los gastos. La Mesa del Congreso reconoce que el Ejecutivo tiene esa prerrogativa recogida en la Constitución, pero exige que los vetos estén argumentados, requisito que, a juicio de la Mesa, no se cumplen en esas dos iniciativas del PSOE. En el caso de la Lomce, el Gobierno alega que la paralización implicará dejar de recibir 615 millones de euros de fondos europeos.

En la legislatura pasada fue el Congreso el que planteó ante el Constitucional un conflicto de atribuciones por la negativa del Gobierno a acudir, mientras estaba en funciones, a las citaciones de la Cámara o a las sesiones de control. La corte todavía no ha resuelto este primer conflicto, y es probable que acumule el segundo para establecer una doctrina para estos casos.

El portavoz gubernamental intentó quitar hierro a estos conflictos porque son «absolutamente normales» dentro de un debate constitucional. Íñigo Méndez de Vigo señaló que el Gobierno no reclama que el Constitucional se pronuncie sobre «el fondo» de la cuestión sino que arbitre un mecanismo para cuando se produce esta confrontación de intereses.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría alegó en diciembre pasado que se han vetado 17 proposiciones de ley porque su tramitación y eventual aprobación en el Congreso supondría una desviación presupuestaria de 15.000 millones de euros, en torno al 1,5% del PIB, con las consecuencias que ello tendría para cumplir los objetivos de déficit para este año.