La Rioja

La gestora del PSOE planea poner límites a las consultas a la militancia

Javier Fernández, ayer, en los pasillos de la Junta General del Principado. :: J. L. CEREIJIDO / EFE
Javier Fernández, ayer, en los pasillos de la Junta General del Principado. :: J. L. CEREIJIDO / EFE
  • Pretende que el congreso regule su uso para evitar que el secretario general esquive el control del comité federal, como hizo Pedro Sánchez

Madrid. La participación directa de los militantes en la elección del líder del PSOE no tiene marcha atrás. Es lo que garantiza un día sí y otro también la gestora del partido a los recelosos críticos. Nadie se plantea acabar con las primarias, pero lo que sí tiene claro el equipo al que se ha encargado elaborar el borrador de la ponencia marco para el 39 congreso federal es que entre sus cometidos está pensar en fórmulas que corrijan las distorsiones que ha producido su uso en el funcionamiento de la organización.

La primera versión del capítulo introductorio de ese documento, publicada el lunes por el Huffington Post, ya hace una referencia somera al asunto. El texto recuerda que las primarias han introducido en el partido un modelo «presidencialista» que debe convivir con el «parlamentarismo» del comité federal, los regionales y los provinciales, y con el «asamblearismo» de las agrupaciones locales. Y añade: «Es muy conveniente abrir una reflexión profunda con el fin de establecer de forma clara las normas que permitan esa convivencia».

En el partido matizan que aún no se ha decidido nada concreto y que los trabajos sobre el modelo de organización están, como el resto, en una fase preliminar, pero admiten que lo subyace tras ese párrafo es la convicción de que es preciso evitar que vuelvan a producirse «las disfunciones que creó Pedro (Sánchez), haciéndole trampas al partido». Dicho de otro modo, se quiere regular el uso de las consultas a las bases para evitar que puedan ser empleadas como un ardid para driblar al comité federal, el máximo órgano de dirección entre congresos.

Toma de decisiones

Mientras fue secretario general, Sánchez recurrió al referéndum en una ocasión, el 26 de febrero de 2016, y lo hizo, precisamente, porque temía que los principales barones del partido frustraran en el comité federal -al que, según los estatutos, corresponde «determinar la política de alianzas»- su intento de llegar a un acuerdo de investidura con Ciudadanos y Podemos. Cuando llegó el momento de celebrar la consulta, sólo había conseguido amarrar el apoyo del partido de Rivera, pero aún así consiguió la bendición de la militancia.

Tras su caída, el 1 de octubre, sus seguidores reclamaron sin éxito que la gestora consultara a los afiliados la decisión de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy para evitar unas terceras elecciones. «Nosotros no somos Podemos», replicaron barones como el castellano-manchego Emiliano García Page. «No podemos transmitir nuestra responsabilidad a las bases», argumentó por su parte el presidente de la gestora, Javier Fernández.

Como ocurre en todos los procesos congresuales, el texto que finalmente proponga el comité de sabios, del que forman parte Ramón Jáuregui, José Andrés Torres Mora, Ignacio Urquizu, Eduardo Madina, Luz Rodríguez, Rafael Simancas, Rosa Conde, Matilde Fernández o Amelia Valcárcel, podrá ser enmendado. Pero la intención de la gestora y de los dirigentes territoriales con más peso institucional es evidente. No quieren que por la vía de los hechos pueda desmantelarse el modelo de democracia respresentativa por el que siempre se han regido.

El primer borrador conocido de este grupo de trabajo hace hincapié, no en vano, en un planteamiento que aplica a lo que ocurre en los países occidentales, pero que sirve para el plano orgánico. «La respuesta a la impotencia democrática ha sido una apuesta por la democracia directa, plebiscitaria o caudillista», reprocha. «Una democracia es fuerte cuando la legitimidad democrática del ejercicio del poder acompaña a la legitimidad democrática de la elección. Tan importante es que el poder emane de los ciudadanos como que ese poder esté sometido a controles y que se encuentre divivido para que nadie pueda abusar de él».