La Rioja

Rajoy y el ministro de Justicia no serán testigos en el juicio contra Artur Mas por el 9-N

  • El Tribunal Superior de Cataluña rechaza la petición de la defensa del expresidente y de dos de sus exconsejeras

Barcelona. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tendrán que declarar como testigos en el juicio por la consulta del 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que comienza el 6 de febrero. El testimonio de Rajoy y Catalá era una petición de la defensa de los tres procesados, pero la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les juzgará decidió ayer que su comparecencia «no es pertinente» .

Los abogados de Mas habían solicitado la declaración del presidente del Gobierno para que aclarara por qué afirmó que el 9-N «no es un referéndum, ni una consulta ni tiene efecto jurídico» y por qué razón en un primer momento restó toda la trascendencia al sucedáneo de referéndum. El ministro de Justicia, por su parte, aseguró que el Gobierno central permitiría «celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión» y calificó el 9-N de «jornada de propaganda política carente de validez».

Los abogados de Mas y sus dos excolaboradoras sostienen que el Gobierno central consintió, de manera pasiva, la votación ya que la Abogacía del Estado no instó a la ejecución de la orden de suspensión que el Constitucional dictó el 4 de noviembre de 2014.

Ajeno al caso

Para el juez, en cambio, esas declaraciones son «absolutamente ajenas» a los hechos que se juzgan y de hecho las ha rechazado como pruebas documentales. Quien sí tendrá que testificar es Francesc Homs, diputado del PDeCAT en el Congreso e imputado por la misma causa del 9-N en el Tribunal Supremo y para quien el fiscal pide nueve años de inhabilitación.

Mas, Ortega y Rigau serán juzgados por los delitos de desobediencia y prevaricación, y se enfrentan a penas de entre 9 y 8 años de inhabilitación. Se les acusa de no haber acatado la suspensión de la consulta del 9-N decretada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014. Los abogados de Mas, Ortega y Rigau niegan la desobediencia, con el argumento de que no recibieron ningún requerimiento expreso. Además alegan que la organización de la votación corrió a cargo de un ejército de voluntarios.

En cualquier caso, el expresidente catalán da por hecho que será inhabilitado para ocupar un cargo público y el independentismo aprovechará la celebración del juicio para volver a hacer una exhibición de su capacidad de movilización en la calle.

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