La Rioja

Familiares de los militares abandonan el Ministerio de Defensa. :: efe
Familiares de los militares abandonan el Ministerio de Defensa. :: efe

El Gobierno acepta 14 años después la responsabilidad de Defensa en el Yak-42

  • La ministra comparecerá el lunes en la comisión del Congreso, pero la oposición pretende que lo haga en un pleno extraordinario

Madrid. El Gobierno reconoce 14 años después «la responsabilidad objetiva» del Ministerio de Defensa en el accidente del avión Yak-42 que costó la vida a 62 militares en mayo de 2003. En un gesto poco usual entre los ministros del mismo partido y de la misma cartera, Dolores de Cospedal enmendó la plana a Federico Trillo porque es «evidente» que hay relación directa entre la gestión del Ministerio en aquellos tiempos para el traslado del contingente militar desde Afganistán a España «y la tragedia».

La titular de Defensa admitió que ha dado un giro de 180 grados en la postura «tradicional» del Gobierno sobre aquella tragedia en la ladera de una montaña de Turquía porque no podía mirar para otro lado ante las evidencias puestas de manifiesto por el Consejo de Estado, y que en líneas generales eran las mismas demandas de explicaciones que planteaban los familiares de las víctimas. Unas peticiones ignoradas primero por Trillo y después por Pedro Morenés, que nunca aceptaron reunirse con los familiares. El Consejo y las familias coincidieron en señalar las irregularidades en la contratación del avión y el desprecio a las reiteradas advertencias sobre la inseguridad de otros mandos militares que volaron en aquellos aparatos contratados con líneas aéreas de dudosa reputación. Todo ello, según dijo ayer Cospedal, no admite discusión y las familias merecen, aunque sea 14 años después, «una reparación moral».

El cambio de actitud de Cospedal respecto a Trillo fue acompañado por otros ministros, como el de Justicia, que pasó de defender el lunes que no había que pedir perdón a las familias de las víctimas porque no hubo culpabilidad penal a decir ayer que no se explicó «bien» y que habría que pedirlo «por no haber atendido adecuadamente» las demandas de explicaciones de los deudos de los militares.

La ministra de Defensa confirmó, además, que asume el dictamen del Consejo de Estado porque si bien «no es vinculante» no podía «obviar» su contenido. Pero lo que no va a hacer Defensa, precisó en la cadena Cope, es pedir perdón porque, según establecieron distintos tribunales, no hubo «culpa ni dolo» en la actuación del Ministerio. Tampoco, prosiguió, ha lugar a que se asuman las responsabilidades políticas por parte del entonces responsable de Defensa porque «hace mucho que se dilucidaron». Según Trillo, se ventilaron en las elecciones generales de 2004 y 2008, en las que fue elegido diputado del PP por Alicante.

Subcontratas y seguro

Cospedal, aunque no lo confirmó ayer, se comprometió con los familiares a investigar la contratación y las irregularidades ya detectadas, como la falta del seguro para los viajeros. El Ministerio de Defensa pagó 149.000 euros a la agencia de la OTAN Chapman Freeborn por aquel vuelo, pero la línea ucraniana UM Air, que fletó el avión Yakolev 42, recibió 38.500. La diferencia se quedó por el camino en seis subcontratas con otras tantas compañías que nadie ha explicado por qué se realizaron y de cuyos contratos se ignora el paradero. La ausencia del seguro es otro misterio, nadie lo contrató, ni Defensa ni la OTAN ni la línea aérea ucraniana.

La ministra podrá contribuir a despejar estas incógnitas y otras que aún persisten en su comparecencia del próximo lunes en la Comisión de Defensa del Congreso, aunque la oposición no está de acuerdo en que el asunto se despache en una comisión y exige la celebración de un pleno extraordinario este mes. El PSOE solicita que Cospedal dé las explicaciones en ese ámbito parlamentario, pero Unidos Podemos, Compromís y Esquerra apuntan más alto y pretenden que sea Mariano Rajoy el que asuma las responsabilidades y pida perdón a las familias en el hemiciclo de la Cámara baja. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, decidirá en las próximas horas si convoca la reunión de la Diputación Permanente la próxima semana para que se vote la celebración de un pleno extraordinario.

La parlamentaria es la única vía institucional en la que la tragedia del Yak-42 puede tener recorrido porque la judicial está cerrada a cal y canto. Lo confirmó ayer mismo el magistrado del Supremo y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para el que es «prácticamente imposible que pueda reabrirse el caso desde el punto de vista penal». Su opinión es que «el asunto está zanjado desde el punto de vista judicial». Una impresión compartida por jueces y fiscales, y que las víctimas también asumen.