La Rioja

La oposición prepara 40 proposiciones para tumbar la obra legislativa del PP

El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, responde a los medios de comunicación en diciembre pasado. :: efe
El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, responde a los medios de comunicación en diciembre pasado. :: efe
  • Los socialistas han presentado 15 iniciativas que abarcan todo el espectro aprobado por la mayoría absoluta de los populares del 2011 al 2015

La oposición está decidida a desmontar el entramado legal construido por el PP con su mayoría absoluta entre el 2011 y el 2015, y aguarda al Gobierno con 40 proposiciones de ley que se debatirán en el Congreso a partir de febrero. La batalla de la carrera de San Jerónimo, sin embargo, no está decantada a favor de la mayoría del PSOE y los demás grupos opositores porque el Ejecutivo, en minoría, cuenta con el poderoso resorte de los vetos y, en menor medida, de la negociación para paliar los daños.

En el PP reconocen que en las semanas en que hay plenos en el Congreso «los martes son de pasión y los jueves son de gloria». En el primero de esos días, la confluencia de los votos de los socialistas, Unidos Podemos y los nacionalistas, y en ocasiones Ciudadanos, barren la resistencia de los 137 diputados populares con victorias parlamentarias, algunas muy sonoras y de impacto mediático, pero todavía de dudosa efectividad jurídica.

El miércoles, el Gobierno aguanta el chaparrón de las sesiones de control, apenas suavizado con las preguntas a la carta de los diputados del PP. Pero el jueves emerge la capacidad de negociación del Ejecutivo con el principal grupo de la oposición para aprobar «los asuntos que de verdad dan de comer», según dicen en los escaños populares. Así acordó con los socialistas el techo de gasto, acuerdo al que se sumaron el partido de Albert Rivera, el PNV y Coalición Canaria, y la senda de estabilidad con los objetivos de déficit y las medidas tributarias.

Mientras el Gobierno pone el acento en los éxitos de los jueves, el resto del arco parlamentario subraya sus victorias de los martes y se propone horadar a fondo esa veta. Hasta 46 proposiciones de ley aguardan a su tramitación en el Congreso cuando se reanude en febrero el periodo de sesiones y, de ellas, 40 llevan la firma de grupos de la oposición. 15 son de los socialistas, cinco de Unidos Podemos, cinco de Esquerra, tres del PNV, siete de PDeCAT (la antigua Convergència), cuatro de Ciudadanos -que unos días es oposición y otros, aliado gubernamental- y otra, sobre revalorización de la pensiones, está suscrita por todos menos por los de Rivera.

El del PSOE es el grupo más activo, y entre sus iniciativas con visos de salir adelante en la Cámara baja está la revisión a fondo de la ley de seguridad ciudadana, la Lomce, la recuperación del principio de justicia universal, la reducción del IVA cultural, la derogación de las tasas judiciales, los cambios en el Estatuto de los Trabajadores o las medidas contra la pobreza energética.

El grupo que lidera Pablo Iglesias tiene registradas propuestas para la reforma de la ley electoral, la regulación de la eutanasia y la subida del salario mínimo. El PNV quiere cambiar la ley de secretos oficiales y la capacidad sancionadora del Constitucional. Esquerra pone el acento en la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, la supresión del delito de ultrajes a la Corona o el derecho de huelga. Ciudadanos, a su vez, se centra en una nueva legislación para los autónomos y la transparencia en los nombramientos de los organismos reguladores.

15.000 millones

Ante esta avalancha revisionista, el Gobierno ha recurrido a su potestad constitucional de vetar las propuestas que supongan una alteración presupuestaria por aumento del gasto o merma de ingresos. Ha interpuesto, hasta ahora, 17 porque, según los cálculos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la aprobación de esas proposiciones implicaría un desajuste en las cuentas de 15.000 millones de euros, «la mitad del dinero del conjunto de los ministerios».

Pero no está claro que estas medidas vayan a frenar la tramitación parlamentaria porque la Mesa del Congreso, con el voto en contra del PP, se considera capacitada para levantar esos vetos, un criterio del que disiente el Ejecutivo. La discrepancia acabará en el Tribunal Constitucional, que deberá dirimir qué opinión prevalece. Aunque su fallo puede llegar tarde y complicar más aún el embrollo, la corte tiene cinco meses para resolver una vez que la Moncloa plantee el conflicto de atribuciones, que todavía no ha interpuesto, y puede darse el caso de que se pronuncie cuando la proposición de ley vetada ya esté aprobada en el Parlamento.

El PP cuenta con otra herramienta poderosa para dilatar la tramitación con su mayoría absoluta en el Senado, pero la Cámara alta solo sería un parche para un conflicto de legitimidades de mala resolución. La negociación previa en el Congreso hasta ahora no ha surtido efecto, y pese a los esfuerzos del grupo popular la oposición ha hecho caso omiso a las alternativas puestas sobre la mesa.

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