La Rioja

La oposición en pleno exige destituir a Trillo como embajador en Londres

Trillo revisa en 2003 los restos del Yak-42 en las cercanías de la localidad turca de Trebisonda. :: MUSTAFA OZER / afp
Trillo revisa en 2003 los restos del Yak-42 en las cercanías de la localidad turca de Trebisonda. :: MUSTAFA OZER / afp
  • La petición llega después de que el Consejo de Estado haya señalado que el Ministerio de Defensa pudo impedir la tragedia del Yak-42

El informe del Consejo de Estado que señala la responsabilidad del Ministerio de Defensa por el accidente aéreo del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles ha colocado al Gobierno contra la espada y la pared después de que la oposición en pleno exigiese ayer la destitución como embajador en Londres de Federico Trillo, entonces titular de Defensa.

El dictamen del Consejo de Estado, publicado ayer por El País, no es vinculante para el Ejecutivo, aunque la contundencia en cuanto a las causas de la tragedia acaecida en 2003 hace difícil ignorarlo. Según el órgano consultivo, si se hubieran tenido en cuenta los incidentes en el transporte de tropas españolas que regresaban desde Afganistán en vuelos anteriores al de la tragedia, se podrían haber haber adoptado «por los órganos competentes medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría». El Consejo añade que la larga cadena de subcontrataciones, que permitió reducir el precio del vuelo de 149.000 euros a 38.442 dólares, hacía «razonable» pensar que dicha rebaja afectó también a las condiciones de seguridad exigidas al contratista.

PSOE, Podemos y Ciudadanos exigieron la destitución inmediata del entonces ministro de Defensa. Los socialistas reclamaron «el cese fulminante de Trillo y las comparecencias urgentes de los ministros de Defensa y Exteriores». El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez consideró que «es indigno que (Trillo) represente a España ante otro país». José Bono, sustituto del hoy embajador al frente de Defensa, recordó que cuando asumió el Ministerio se topó con «un cúmulo de desvergüenzas» en torno al accidente aéreo. Precisamente una de las primeras tareas de Bono al frente de Defensa fue exhumar los cuerpos de los militares fallecidos para su correcta identificación. El exministro confió en que Mariano Rajoy sea «humilde» tras el dictamen del Consejo de Estado porque «no es Aznar ni es Trillo».

Pablo Iglesias se sumó a las peticiones de destitución y exigió asimismo la comparecencia en el Congreso de la titular de Defensa. El secretario general de Podemos señaló que «un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador».

Ciudadanos, socio preferente del PP, según Rajoy, en la Cámara baja, coincidió tras algún titubeo inicial con el resto de la oposición y consideró inevitable la salida del embajador. Su número dos, José Manuel Villegas, advirtió que no se puede «tapar» lo que se hizo entonces.

«Sustanciado judicialmente»

La tormenta de críticas no parece, al menos de momento, inquietar al Gobierno y al PP. Rajoy, de vacaciones navideñas en Galicia, afirmó desconocer el informe del Consejo de Estado, pero valoró que el caso «ya está sustanciado judicialmente», en referencia en que la justicia ha archivado de manera definitiva el proceso por la muerte de los militares. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ahondó en que «los tribunales ya han dado su opinión» y en que Trillo ha realizado una «labor positiva» defendiendo los intereses de España en Reino Unido.

Desde su llegada al poder, Rajoy ha apostado por colocar a diplomáticos al frente de las embajadas. Una de las escasas excepciones ha sido la de Trillo, al frente de la legación en Londres desde 2012. Antes de ministro de Defensa, Trillo ocupó la Presidencia del Congreso durante la primera legislatura de José María Aznar. Con el PP de nuevo en la oposición, se convirtió en el cerebro del equipo jurídico popular encargado de llevar ante los tribunales varias de las decisiones del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y coordinó a los letrados del PP en los avatares jurídicos del caso Gürtel y en la contabilidad B del partido.

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