La Rioja

Puigdemont fija el listón de la independencia de Cataluña en la mitad más uno de los votos

El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, antes de una rueda de prensa. :: kiko huesca /efe
El portavoz del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, antes de una rueda de prensa. :: kiko huesca /efe
  • Junts pel Sí y la CUP pactan la ley de transitoriedad jurídica que fijará el marco legal de la secesión

Carles Puigdemont situó el listón de la independencia de Cataluña en la mitad más uno de los votos que se recojan en el referéndum. El gobernante catalán evitó ser tan preciso en el apartado de la participación mínima exigible para que la consulta tenga validez. «Habrá que ver», apuntó. Mientras el presidente de la Generalitat daba estas explicaciones, Junts pel Sí y la CUP anunciaban que tras seis meses de negociaciones habían llegado a un acuerdo para la llamada ley de transitoriedad jurídica, la norma que fijará el marco legal para la secesión de Cataluña de España.

Los independentistas prosiguen su camino haciendo oídos sordos a las decisiones que toman el Gobierno de Mariano Rajoy y el Tribunal Constitucional. Actúan como si no existieran frenos legales para su proyecto secesionista. Tan es así que Puigdemont señaló que con el 50% más uno de los votos en el referéndum será suficiente para que su Gobierno y el Parlament proclamen la república catalana independiente.

El presidente catalán señaló que esa mayoría es la que se exige «en todos los casos del mundo» en que se celebran consultas de autodeterminación. Pero la verdad no es así. En el referéndum de segregación de Montenegro de Serbia en 2006 se requirió una mayoría favorable del 55% siempre que votase al menos el 50% del censo. La misma ley de claridad de Canadá de 2000 no fija un porcentaje mínimo de 'síes' a la independencia, en su caso de Quebec, pero aclara que la mitad más uno sería una mayoría insuficiente.

Con respecto a la participación, Puigdemont evitó las precisiones, aunque dejó entrever que con que vote en torno a la mitad de los catalanes sería suficiente para dar validez a la consulta. «No se puede privilegiar la opción de los boicoteadores sobre la opción de las personas que quieren participar», señaló en la emisora francesa Equinox Radio. Y, añadió, «si hay una participación clara, un mandato claro, no habrá ninguna duda sobre su validez».

El PP y Ciudadanos han anticipado que promoverán la no participación en la consulta si llega a convocarse; el PSC no tiene una decisión tomada y se debate entre promover el voto negativo o abstenerse. Las fuerzas de Catalunya sí que es Pot, entre ellas Podemos y En Comú, pedirían el voto, pero para decir 'no' si es un referéndum no pactado con el Gobierno central. Solo los soberanistas de Junts pel Sí y la CUP votarían 'sí', sean las que sean las características legales de la consulta.

En la correlación actual de fuerzas, la participación estaría en torno al 60% si solo votan los soberanistas y el electorado de Catalunya sí que es Pot, y el triunfo de los separatistas estaría garantizado con un alto porcentaje de apoyo. En ese caso, explicó Puigdemont, «nuestra obligación como gobierno y como parlamento será la de proclamar la independencia».

Herramientas

Pero antes de que se convoque el hipotético referéndum de autodeterminación, el soberanismo quiere fijar el marco legal para la desconexión de España, es decir las leyes puentes entre la actual normativa española y la futura legislación catalana. Junts pel Sí, que aglutina a la antigua Convergència -ahora PDECat- y Esquerra, y la CUP anunciaron ayer el acuerdo sobre el proyecto de ley de Transitoriedad Jurídica. Una norma que en su primer artículo establece que «Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social».

El texto, según sus promotores, se registrará en los próximos días en el Parlamento de Cataluña para su tramitación a fin de que entre en vigor antes de verano y sirva como arquitectura legal para la consulta que Puigdemont ha anunciado para septiembre. El proyecto, sostienen Junts pel Sí y la CUP, dota a las instituciones catalanas de «las herramientas para el ejercicio del derecho de autodeterminación». El texto se divide en nueve apartados y un preámbulo que tocan los diferentes aspectos del proceso secesionista.

Los independentistas anunciaron su acuerdo sobre la campana, ya que en el debate de política general del Parlamento catalán de octubre pasado se fijó como fecha tope para su presentación el 31 de diciembre. La ley de transitoriedad jurídica junto a las de hacienda y seguridad social propias constituyen el núcleo legal del proceso independentista. El Gobierno de Rajoy impugnará las tres normas, que solo cuentan con el respaldo de sus promotores, porque emanan de una desobediencia a las disposiciones del Tribunal Constitucional, como fue, según la corte de garantías, la votación en la Cámara catalana el pasado 27 de julio las conclusiones de la comisión del proceso constituyente.

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